Ampliaron los cargos contra el sindicalista como jefe de una organización narcocriminal que ingresaba y vendía cocaína en San Luis

Alrededor de las 8 de este miércoles fueron trasladados desde el Servicio Penitenciario Provincial a la ciudad de Villa Mercedes, el sindicalista de la carne, Juan Carlos Insúa, quien es señalado como el líder de una organización que introducía la cocaína a San Luis, desde Buenos Aires; también a su socio, Raúl Ramayo y a Natalia Amar, revendedora en la Villa de Merlo.

Insúa ya está procesado por el transporte de estupefacientes, con el agravante de haber sido realizado por tres o más personas de manera organizada, y por tenencia con fines de comercialización, desde el 14 de julio del año pasado. Lo detuvieron en La Punilla, el 18 de junio cuando quería ingresar en su camioneta un ladrillo de más de un kilo de cocaína, junto a Amar. Regresaban de Buenos Aires y tenían la Villa de Merlo como destino.

Tuvo que responder como líder de una organización narcocriminal, con conexión transnacional, ligada a otra que funcionaba en Villa Mercedes, y que tenía como cabecilla a Diego Funes.

No declaró ante el juez Federal Juan Carlos Nacul, se abstuvo como los otros dos. Su situación se agravó al considerarlo el líder de una estructura narco. Los delitos podrían conducirlo a una pena de hasta 20 años de prisión.

Al edificio lo entraron primero, bien temprano, en medio de mucho movimiento de vehículos penitenciarios y de la Policía provincial. Salió a las 13, muy rápido para evitar que alguna cámara le tome el rostro. Lo llevó del brazo un penitenciario que lo sacó del brazo. Su cara se difundió por los medios de comunicación nacionales cuando publicaron unos videos que lo mostraban de vacaciones en Miami, arriba de una lancha, bailando cumbia y tomando cerveza. Era fácil reconocerlo. Estuvo representado por el abogado local, Pascual Celdrán.

Según la investigación, que tiene una evidencia abultada y sólida según el magistrado, Funes era el principal cliente, dueño de una quinta que funcionaba como centro de operaciones (en inmediaciones a las rutas 7 y 8) y de distribución del estupefaciente a los revendedores. Ahí nunca almacenaban nada, y vendían a un ritmo alto: entre 5 y 6 kilos por semana.

Está acusado de comprarle la cocaína a un cártel peruano, en Buenos Aires, e ingresarla a San Luis por la ruta 7. En Merlo tenía a gran parte de su banda, integrantes de la segunda línea y revendedores. Amar hacía funcionar un kiosco en la localidad turística, pero también llevaba hacia un pueblo de Córdoba, de donde es oriunda. El narcótico se distribuía en localidades cercanas a Merlo, como Carpintería, Los Molles (donde detuvieron a Ramayo) y Santa Rosa del Conlara.

En Buenos Aires estaban los otros. En Escobar, Insúa tiene una concesionaria de autos que administra su hijo, Juan Cruz, quien fue detenido el pasado 21 de mayo en los procedimientos que ordenó el Juzgado Federal de Villa Mercedes. Está acusado de realizar el transporte de droga a San Luis como también la recaudación de dinero, y de proveer vehículos a los vendedores en tierras sanluiseñas.

También surge de la pesquisa que Insúa era normalizador de la delegación del Sindicato Obrero de Frigoríficos Empleado de Carne y Afines (SOFECA), con sede en Villa Mercedes. Esa era la pantalla que usaba para movilizarse en la provincia, evitar en algunas ocasiones ser requisado en los controles y llevar adelante su negocio delictivo.

A Ramayo y a Amar también les alcanza la acusación de ser partes de una organización.

El clan familiar

También fue indagada María Del Carmen Olariaga, la esposa del hermano de “El Gaucho” Funes, sindicado como el líder de un clan familiar que vendía drogas por lo menos desde hace 4 años en esta ciudad.

La mujer estaba prófuga desde el 21 de mayo, fue detenida en la noche de este martes. Antes de quedar presa sus abogados pidieron la eximición de prisión para que no la manden a la cárcel, pero fue rechazada. Sin embargo, cuando fue a declarar este miércoles, la Fiscalía Federal prestó acuerdo para que a la mujer le dictaran el arresto domiciliario.

Esto tuvo que hacerse porque tiene un hijo de 1 año que está en periodo de lactancia.

Ella y su pareja, Antonio Ángel Funes están acusados de comercializar y distribuir la cocaína dentro de la ciudad de Villa Mercedes, puntualmente en el barrio Eva Perón II. La Policía allanó muchas veces su casa y siempre encontró drogas. En los últimos cuatro años (desde que comenzó a ser investigada) no se le conoció ningún trabajo lícito.

Lo que falta es que se conozca si Funes y otras 9 personas que tienen relación de parentesco y sanguínea son procesados con prisión preventiva, y siguen tras las rejas.

EL CHORRILLERO