Las defensas cuestionaron la ausencia del Fiscal General y plantearon que el proceso es "inconstitucional", forzando un cuarto intermedio que siembra incertidumbre sobre la continuidad del debate.
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En una mañana cargada de tensión y bajo una persistente llovizna en la capital provincial, la apertura del juicio político contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro duró apenas veinte minutos. Las defensas cuestionaron la ausencia del Fiscal General y plantearon que el proceso es "inconstitucional", forzando un cuarto intermedio que siembra incertidumbre sobre la continuidad del debate.
La Legislatura de Córdoba amaneció este martes blindada por una cobertura periodística que recuerda a las épocas más intensas del crimen de Nora Dalmasso. Por primera vez en la historia judicial de la provincia, tres fiscales se sientan en el banquillo de los acusados para rendir cuentas por su desempeño en una causa que lleva casi dos décadas sin culpables. Sin embargo, lo que debía ser el inicio de las declaraciones testimoniales se transformó rápidamente en una batalla de estrategias legales.
A las 8:50, la audiencia dio inicio en la Unicameral, pero el clima de normalidad se rompió casi de inmediato. Los abogados defensores de los tres fiscales —entre ellos los doctores Pacman, Fernández y Andruet— solicitaron de manera unánime la nulidad del proceso, alegando un vicio formal en la parte acusatoria.
El "faltazo" del Fiscal General y el planteo de las defensas
El núcleo del conflicto radica en quién debe llevar adelante la acusación. Actualmente, el sector acusatorio está presidido por una fiscal adjunta, debido a que el Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, se encuentra de licencia. Para los defensores, esta sustitución es ilegal.
El Dr. Andruet, abogado defensor de Daniel Miralles, fue contundente al explicar la postura de la defensa en diálogo con el Grupo Apolo manifestó que "hemos hecho un planteo de nulidad de la fiscal adjunta como acusadora. La propia Constitución nos dice que este es un acto personalísimo del Fiscal General. Es él quien debería estar integrando aquí la acusación".
Según el letrado, la función de acusar en un jury —el proceso más relevante para destituir a un funcionario con acuerdo legislativo— es "indelegable". Andruet calificó como insuficiente la justificación de Delgado para no asistir: "Presentó una resolución diciendo que, porque acaba de asumir su cargo, tiene mucho trabajo. Eso no es una razón lógica ni un impedimento fundado dentro de un marco jurídico".
Incertidumbre y demora en los testimonios
Ante la contundencia del planteo, la presidenta del tribunal —conformado por el Poder Legislativo— resolvió pasar a un cuarto intermedio para analizar la validez de la acusación. Esta decisión dejó en suspenso la agenda del día, que preveía las declaraciones de Marcelo Macarrón y sus hijos, Facundo y Valentina, quienes aguardan para dar su testimonio en lo que consideran una instancia clave para denunciar las "miserias judiciales" del caso.
Andruet advirtió que "si el jury no nos hace lugar, ya hemos hecho reserva de recurso federal e iremos a la Corte para sostener que este proceso es irregular e inconstitucional'.
Un proceso bajo la lupa nacional
Mientras en los pasillos de la Unicameral centenares de periodistas aguardan definiciones, el debate en el estudio central reflejó el sentimiento de una parte de la sociedad cordobesa. Se habla de una "puesta en escena" o de maniobras que buscan dilatar una vez más la llegada de la justicia efectiva.
Por el momento, la audiencia permanece suspendida. Se especula con que la jornada podría extenderse hasta la noche si se logra destrabar el conflicto técnico, aunque no se descarta que el jury deba postergarse hasta que el titular del Ministerio Público Fiscal se haga presente en el recinto. En Córdoba, la "justicia por Nora" vuelve a tropezar con los expedientes.