Graciela Aleñá, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), anunció la presentación de un amparo en la Justicia con el objetivo de evitar la disolución de Vialidad Nacional. “Establecieron un decreto que destruye nuestra soberanía para justificar el daño que van a hacer, y que están haciendo, desde su desfinanciamiento”, dijo en diálogo con DE UNA.
Graciela Aleñá, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), actuando con el patrocinio letrado de los Dres. Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, reclamó vía acción de amparo “la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta” (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto 461/25 por el que Javier Milei oficializó la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
En diálogo con DE UNA, la Secretaría informó que, junto al amparo, se presentó una cautelar con suspensión preventiva, para que no se avance sobre los términos del decreto hasta tanto se resuelva la causa de fondo.
Sostuvo que, desde el Sindicato, se espera que este reclamo sea resuelto de manera urgente desde la Justicia, no sólo por la salud de los trabajadores, que se encuentran en un estado de incertidumbre desde el mes de febrero, sino también, por la situación de las rutas. “Hay lugares que directamente no se pueden transitar. Es muy peligroso. Y a medida que vayan pasando los meses, esto se va a ir agravando”, expresó.
“Si querían reestructurar, podrían haberlo hecho con los trabajadores dentro”, continuó.
En este sentido, evidenció que para mantener las rutas, se necesitan al menos 15 trabajadores, entre operarios y maquinistas. Número al que, según indicó, no se llega, ni siquiera si todos trabajaran en las rutas. “Con 5.200 trabajadores, 40.000 kilómetros de ruta no se atienden. Es imposible”, explicó.
Sobre las posibles consecuencias de esta medida, Aleñá puso énfasis en dos situaciones. Por un lado, declaró que la conectividad entre los pueblos, “la fundación de Vialidad Nacional”, se perderá. Y que, por otro lado, si nadie dice quién atenderá las rutas, ella supone que despedirán a más de 4.000 compañeros.
“Desgraciadamente establecieron un decreto que destruye nuestra soberanía para justificar el daño que van a hacer, y que están haciendo, desde su desfinanciamiento”, concluyó.