Imputaron a un hombre por una millonaria estafa basada en un abuso de confianza

La jueza Natalia Pereyra Cardini tuvo por formulados los cargos provisorios contra Juan Manuel Lucero Garcés como autor del delito de estafa (Art. 172 y 45 del Código Penal). Como medida de coerción, la magistrada dispuso que el imputado deberá firmar el libro de asistencia en la Fiscalía cada 15 días durante cuatro meses, fijar domicilio con la obligación de notificar cualquier cambio, y se le prohibió la salida de la provincia sin autorización judicial.

De acuerdo con el relato formulado por la representante de la Fiscalía de Instrucción Nº 5, Gisela Milstein, el acusado se aprovechó de la relación de confianza existente de años con la víctima —quien se dedica a la compra y venta de vehículos— para llevar a cabo múltiples operaciones comerciales fraudulentas.

La maniobra comenzó con la oferta de compra de un vehículo a un tercero por 9 millones de pesos. El damnificado realizó entregas de dinero en pesos y dólares, pero al momento de la entrega del auto, el acusado afirmó que el vendedor se había arrepentido. En lugar de devolver el dinero recibido como parte de pago, Lucero Garcés le propuso invertir ese saldo más un monto adicional en dólares para adquirir el 50% de un gimnasio de su propiedad. Poco tiempo después, le ofreció sumarse a un segundo gimnasio adquiriendo el 20%, operación por la que la víctima entregó otra suma en dólares y cuatro cheques de 3 millones de pesos cada uno para supuestas reformas edilicias.

Finalmente, el imputado acordó la compra de un automóvil al denunciante mediante un crédito prendario y dos pagos de $4.100.000 pesos cada uno, los cuales nunca concretó. Al intentar exigir la restitución del vehículo, la víctima fue bloqueada de toda comunicación y derivada a un abogado. Según expuso el Ministerio Público Fiscal, el comerciante no logró recuperar nada del dinero entregado.

Durante la audiencia formalización de cargos, la querella adhirió al planteo de la Fiscalía y solicitó prisión preventiva por 90 días, advirtiendo sobre posibles riesgos procesales y señalando que el imputado mintió sobre su domicilio real. Por su parte, la defensa rechazó la medida, argumentando la inexistencia de un ardid o engaño deliberado, e indicó que los reclamos carecían de documentación de respaldo. Finalmente, la jueza resolvió aplicar las medidas cautelares solicitadas originalmente por la Fiscalía.