Diputados retoma el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía tras el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto —encabezado por los diputados libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán— fue convocado para este martes a las 15:30. La reanudación del plenario se produce luego del cruce del pasado encuentro entre el dirigente social Juan Grabois y legisladores del oficialismo, el cual forzó un cierre abrupto de la jornada.

Para esta segunda instancia informativa, las distintas bancadas opositoras citaron a un abanico de expositores. Entre los convocados figuran el exministro Daniel Filmus, el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona, el intendente de Punta Indio, David Angueira, y referentes de organizaciones de excombatientes como Jerónimo Guerrero Iraola (CECIM La Plata), Daniel Guzmán (Observatorio Malvinas) y Víctor Sierra (CEAS). Asimismo, expondrán Paula Litvachky (CELS), los juristas Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Gustavo Ferreyra, la académica Mariana Altieri, el especialista en criminalística Pablo Testori Schroeder y el perito naval Fernando Morales.

Ejes centrales: endurecimiento de penas y nuevos delitos

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo deroga la Ley 26.659 y amplía las restricciones para la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares. La iniciativa prevé:

Sanciones penales: Penas de hasta 20 años de prisión e inhabilitación para operar en el país a quienes exploten o cooperen en la explotación de recursos.

Registro de infractores: Creación de una nómina pública de sancionados con los cuales el Estado y privados tendrán prohibido contratar.

Mecanismos judiciales: Incorporación de la figura del juicio en ausencia para juzgar los delitos previstos en la norma.

Financiamiento y desinformación: Prohibición de aportes económicos extranjeros a campañas y partidos políticos, e tipificación de delitos por revelación de secretos de Estado, colaboración en operaciones clandestinas de inteligencia, violencia, sabotaje o manipulación de procesos electorales mediante campañas de desinformación.

Seguridad Nacional y facultades ejecutivas

En materia orgánica, la iniciativa prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el titular del Ejecutivo e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Secretaría Legal y Técnica. La entidad articulará estrategias diplomáticas, militares, cibernéticas y de inteligencia, con foco en la protección de infraestructuras críticas.

Ante amenazas graves e inminentes, este Consejo estará facultado para aplicar medidas extraordinarias como la restricción de operaciones financieras o cambiarias, el bloqueo de fondos, la suspensión de contrataciones, la alteración de alícuotas aduaneras y la restricción del comercio exterior. Además, el texto redefine las funciones de la Defensa Nacional para intervenir ante amenazas internas o externas y protocoliza, como último recurso, el derribo de aeronaves u el hundimiento de buques hostiles.

Finalmente, la norma contempla la integración del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), habilitando la inmovilización de activos a personas o entidades inscriptas.