Etiquetado frontal: más de 300 organizaciones rechazan la posible derogación

El Gobierno nacional formalizó el envío de un nuevo paquete de leyes al Congreso y la primera iniciativa en salir a la luz apunta al corazón de la política alimentaria vigente: propone la derogación total de la Ley 27.642, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal. El proyecto, que ingresó formalmente para comenzar su debate en el Senado, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones.

En los fundamentos del texto oficial, el Ejecutivo asegura que tras su periodo de aplicación se detectaron "diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas" que justifican dar marcha atrás con la normativa que llenó de octógonos negros las góndolas del país.

Sin embargo, hay objeciones al intento de derogar la ley de etiquetado frontal. Más de 300 organizaciones de la sociedad civil y de la academia rechazan la iniciativa porque "podría eliminar una política integral diseñada específicamente para proteger la salud de la población —especialmente la de niños, niñas y adolescentes— y el acceso a la información de las y los consumidores".

“Un ataque directo al derecho a la información y a la salud. La propuesta oficialista de derogación generó una profunda alarma en las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica, quienes advierten sobre el absoluto estado de desprotección en el que quedará la ciudadanía. La Ley N° 27.642 no solo establece sellos de advertencia en los envases; también regula la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a infancias, promueve entornos escolares saludables y prohíbe estrategias de marketing en alimentos con excesos. Su eliminación implicaría desmantelar por completo el sistema de protección de manera inmediata", expresaron conjuntamente las organizaciones.

Según un relevamiento propio, el apoyo a la ley es alto. "El 90% de las personas coincide en que los sellos negros permiten identificar de forma rápida y sencilla los productos poco saludables".

El objetivo planteado por el Gobierno nacional es derogar el esquema rígido actual y avanzar hacia un nuevo modelo que sea "más preciso, contextualizado y científicamente consistente", adaptado a los esquemas de información nutricional ya armonizados dentro del Mercosur.

El proyecto cuenta con un articulado breve: el primero establece la derogación total de la norma y el segundo fija su entrada en vigencia inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial. El Ejecutivo solicitó formalmente a las cámaras un "pronto tratamiento y sanción".

CBA24N