Faltan pocas horas para que se decida cómo seguirá la situación procesal de Mayte Reyna del Portugal Escudero, quien se encuentra con la prórroga de detención.
Vence la prórroga de detención de Mayte Reyna del Portugal Escudero y su grado de responsabilidad se complica. Está presa por estafar a 15 familias de Villa Mercedes con la venta de tierras que no le pertenecían, pero en realidad pueden ser muchas más.
En los últimos días transitaron por los pasillos del Poder Judicial más damnificados que terminaron denunciando a Escudero. El fiscal Leandro Estrada había anticipado, cuando le formuló cargo por estafa en concurso real (15 hechos), que “había muchos más”. Inclusive los abogados de la Municipalidad advirtieron el mismo día que la propia acusada (en una reunión que mantuvo con funcionarios) les transmitió que había vendido unos 54 terrenos.
Aunque el dato por los hechos que le imputarán será preciso en la audiencia de este viernes, en las presentaciones los perjudicados expusieron el nombre de nuevas personas que habrían participado del fraude. Evidencias que le servirán al representante del Ministerio Público Fiscal cuando quiera imputar por otro delito como la asociación ilícita.
Estrada pidió la prisión preventiva de Escudero porque cree que afuera ella “tiene cómplices”. Inclusive nombró a tres personas que actuaron en la maniobra: entre ellos un ex funcionario municipal de otra gestión. Este, que fue apartado hace mucho tiempo, habría sido el encargado de firmar los planos.
Ahora con las recientes presentaciones saltan otros nombres que habrían tenido un rol similar, y seguramente serán tenidos en cuenta en las averiguaciones.
Damián Bueno y Carlos Díaz, son los abogados de Escudero, y el 13 de marzo en la audiencia de formulación de cargos le solicitaron a la jueza Natalia Pereyra Cardini una prórroga de 7 días para presentar pruebas. Lo que quieren demostrar es el derecho de posesión veinteañal que manifiesta tener la clienta. Escudero gestionó el juicio bajo fundamentos que según Estrada no son ciertos. Según ella “tiene la posesión hace más de 40 años”, a través de un familiar que tenía animales de pastoreo en el lugar, y que además en este tiempo realizó "reformas constructivas para mejorar el inmueble”.
El fiscal no le cree. Advierte que no se indica “quién es el familiar” (no hay una partida de nacimiento que lo identifique), tampoco describe “qué tipo de animales eran los que tenía, no tiene testigos, ni hay informes” en el expediente que tramitó, que desde septiembre de 2024 "no tiene movimiento, ni avanza en ningún acto procesal hacia el objeto que es la declaración de adquisición de dominio”.
Para Bueno, la cuestión de los animales “es un dato menor”, y dejó en claro, en diálogo con la prensa, que “la Fiscalía y la Municipalidad van a contar su historia, y nosotros la nuestra”.
Estrada también sacó a luz una contradicción de la ahora imputada. Mientras que por un lado dice que tiene derechos sobre esas tierras, en una declaración a la que fue citada (por una denuncia que le hizo un comprador en 2024) aseguró que ella vendía lotes a nombre de otra mujer, quien en la investigación también está en la mira.
Las tierras que fueron comercializadas indebidamente le pertenecían a la Municipalidad desde el 2023 cuando luego de los trámites administrativos y legales obtuvo la regulación dominial. En diciembre del año pasado cedió las tierras al Estado provincial para que se construyan viviendas. Por esto, solamente el Estado está en condiciones de escriturar. Cuando la empresa constructora a finales de febrero entró a desmontar, se descubrió la ilegalidad, y todo el trabajo se paralizó.
Entre las medidas que solicitó el fiscal están la restitución el inmueble para que se avance con el plan de obra, que se desaloje el lugar (porque hay personas que están haciendo custodia de los lotes que pagaron) y que nadie más adquiera un lote ahí. La prisión preventiva la requirió entendiendo que hay riesgos procesales, como el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación.