La Justicia le dio 15 días a Manuel Adorni para que explique inconsistencias en sus gastos

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que salpica al exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, tuvo una fuerte novedad en las últimas horas: el fiscal Gerardo Pollicita formalizó un requerimiento ante el juez Ariel Lijo de justificación patrimonial, mediante el cual intimó al exfuncionario y a su esposa, Bettina Angeletti, a fundamentar la procedencia legal de una serie de fondos que no encuentran correlato con sus ingresos formales. El dictamen fija un plazo estricto de dos semanas para responder a una veintena de inconsistencias que, de no ser aclaradas satisfactoriamente, dejarían al exvocero al borde de la citación a declaración indagatoria.

El cerco judicial se basa en un minucioso relevamiento técnico cruzado entre los registros fiscales, las declaraciones juradas del matrimonio y los informes especializados de la Procuración General. La pericia patrimonial reconstruyó los movimientos financieros de Adorni desde su desembarco en la gestión pública en diciembre de 2023 hasta su salida del Gabinete a fines de junio. Según se desprende del expediente, mientras la pareja registró ingresos acreditados por haberes estatales que sumaron casi 230 millones de pesos, sus erogaciones en el mismo período superaron los 272 millones. Esta brecha deja un hueco de más de 43 millones de pesos sin justificación aparente. A eso se suma la parte más frondosa de los fondos cuyo origen permanece sin explicación legal: una llamativa disponibilidad de 400 mil dólares en efectivo gastados en consumos privados, muchos de ellos suntuarios y que generaron una cascada de polémicas en la opinión pública.

Entre las dos decenas de puntos opacos que la fiscalía exige esclarecer, sobresale la operatoria detrás de los inmuebles de la familia. Adorni deberá presentar comprobantes de trazabilidad bancaria o bursátil que respalden la procedencia de los dólares en billete utilizados para adquirir su vivienda en el country Indio Cuá —inscripta a nombre de su cónyuge— y el departamento del barrio porteño de Caballito. A su vez, los investigadores demandan conocer el origen de los 245 mil dólares entregados en mano al contratista Matías Tabar, encargado de las refacciones de la propiedad, como así también las erogaciones destinadas al amoblado de alta gama y los honorarios de Adriana Nechevenko, la escribana interviniente.

El fiscal Pollicita busca determinar también por qué existió una práctica recurrente de utilizar a terceras personas para facturar consumos y desembolsos cuyo beneficiario final era Adorni (por ejemplo, la millonaria compra en una casa de blanquería por parte de una empleada a su cargo), más los extraños préstamos que recibía el exvocero para sus operaciones inmobiliarias. Finalmente, el requerimiento apunta a desentrañar el origen del capital inicial con el que el exjefe de ministros afirma haber montado sus operaciones con criptoactivos, el argumento que ensayó públicamente para justificar el vertiginoso salto de su fortuna desde que asumió el poder a pesar de que hay registros de declaraciones suyas en los últimos años diciendo que no tenía ningún conocimiento sobre ese mercado.

CBA 24n