Atentado a CFK: Las razones para secuestrar el celular de Gerardo Milman

De todos modos, limitaron el análisis de los mensajes y las comunicaciones del diputado del PRO al período entre julio de 2022 y mayo de 2023. Por el tiempo transcurrido, es poco probable que el teléfono de Milman sea una gran fuente de información.


Cuando se está por cumplir un año del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, la Sala I de la Cámara Federal admitió por mayoría el pedido del fiscal Carlos Rívolo y la querella de la vicepresidenta de secuestrar el celular de Gerardo Milman. El tribunal estableció un período para analizar los mensajes y comunicaciones: entre el 1 de julio de 2022 y el 10 de mayo de 2023. La llamada "pista Milman" comenzó el 23 de septiembre pasado, cuando se presentó un testigo, Jorge Abello, que declaró haber escuchado al diputado de Juntos por el Cambio en el bar Casablanca, dos días antes del atentado, decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa". Milman estaba con dos de sus colaboradoras. La declaración de una de ellas, Ivana Bohdziewicz, fue lo que derivó en el pedido de análisis del teléfono. La joven dijo que la habían llevado a una oficina de Patricia Bullrich a borrar el contenido de su propio celular y que allí esperaban su jefe -cuyo aparato, dijo, también fue manipulado- y un perito. 

El fallo

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi alegaron que por "la excepcionalidad" del expediente dada "la gravedad que tiene el hecho objeto de investigación", no se deben "restringir diligencias que puedan admitir avanzar o excluir responsabilidades en la pesquisa". "Estamos ante un hecho histórico sobre el que ninguna duda debe quedar pendiente de dilucidación", dijeron los camaristas para revocar la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti. Ella se había negado a secuestrar el celular del exjefe de campaña de Bullrich, actual candidata presidencial. La realidad es que por el tiempo transcurrido es poco probable que el dispositivo de Milman sea una gran fuente de pruebas o información. Para colmo, ahora vienen otras posibles dilaciones que pueden llevar meses: su defensa -a cargo de Manuel Barros, histórico abogado de Gendarmería- puede apelar para que resuelva la Cámara de Casación; pero, además, si no entrega el teléfono en forma voluntaria se deberá abrir en la Cámara de Diputados un proceso de desafuero. La situación puede parecer una pantomima.

El dúo Bruglia-Bertuzzi también advirtió que el rastreo de la información se debe limitar "estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso". Los jueces pidieron que en cuanto se produzca la información sea entregada solo al juzgado, para defina qué de todo el contenido puede estar relacionado con la causa y qué se debe descartar. La investigación, de todos modos, está delegada en la fiscalía.  

El camarista Mariano Llorens votó en disidencia. Dijo que no encuentra ninguna prueba que le "permita dar credibilidad al testimonio de Jorge Abello" ni tampoco indicios claros que habiliten "una injerencia en la privacidad de personas que no se encuentran formalmente imputadas", en alusión a Milman (el diputado, en rigor, se autoimputó para acceder al expediente). Agregó que habría que "reexaminar si se debe avanzar" con las medidas que pide la querella porque, a su entender, no han aportado "elementos contundentes". La realidad es que hubo medidas pedidas por los abogados de CFK, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, que fueron rechazadas por el juzgado, con lo cual es difícil comprender la conclusión del camarista. 

La increíble historia de la pista Milman

En cuanto al testimonio de Abello, después de su relato en el juzgado de Capuchetti, con el análisis de cámaras de la calle y del bar, se confirmaron los datos centrales de su relato: Milman había estado en Casablanca el 30 de agosto pasado por la tarde y, en efecto, estaba con dos colaboradoras suyas: Bohdziewicz, secretaria, y Carolina Gómez Mónaco, una vieja asesora que fue jefa de Planeamiento Estratégico en el Ministerio de Seguridad cuando el diputado era número dos de Bullrich. El área en cuestión había absorbido funciones de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito, que había sido disuelta. Ambas declararon por primera vez el 26 de octubre de 2022 y dijeron que no recordaban haber ido ahí con Milman los días previos al atentado. Cuando les mostraron las imágenes, no les quedó otra que admitirlo. Pero luego entraron en contradicciones. Ambas negaron haber escuchado la frase que dijo escuchar Abello. 

La querella pidió ese día secuestrar sus teléfonos y la jueza lo rechazó. Por una decisión de la Cámara, recién los entregaron al juzgado el 1 de diciembre. Ahí Gómez Mónaco dijo que había cambiado el celular y que no encontrarían nada. Fue así. Bohdziewicz dijo que había borrado el contenido del suyo por temor a que se filtraran cuestiones privadas. La Policía de Seguridad Aeroportuaria rescató algunos chats, entre ellos uno donde decía a sus compañeras de despacho, un día antes de Casablanca, "borren todo". Milman la echó, junto con otras asesoras, en el verano. La chica declaró por tercera vez el 5 de mayo y fue ahí cuando dijo que no había borrado por su propia voluntad, sino que Gómez Mónaco la llevó a las oficinas de Bullrich donde esperaban Milman y el perito, que se sospecha es Jorge Teodoro, representante tecnológico de JxC. Dijo que el celular de Milman también fue "manipulado" y que a Gómez Mónaco la mandaron a comprar un Iphone con la indicación de que le pusiera una nueva clave para evitar el acceso a la información que tenía. Agregó que su excompañera usaba otro celular que no estaba a su nombre. 

Todo esto aumentó las dudas sobre el papel de Milman, quien incluso había presentado dos semanas antes del atentado un proyecto en Diputados donde pedía explicaciones sobre la custodia de funcionarios judiciales, periodistas y de CFK, y sugería que la vicepresidenta podía ser protagonista de un autoatentado, para victimizarse mientras era juzgada en el caso Vialidad. ¿Sabía algo el diputado? ¿Qué tuvo que ver con el hecho? ¿Por qué querría borrar pruebas? Es difícil, después de tanto tiempo, que estas preguntas que surgen de la única línea de investigación que subsiste y conecta con la política, sean dilucidadas. Los tres acusados ligados al hecho material (Fernando Sabag Montiel, autor del disparo fallido, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo) ya fueron enviados a juicio oral y tanto la jueza como el fiscal afirmaron que no encontraron nexos políticos ni económicos con el atentado. 


Página12