La Municipalidad de Villa Mercedes rescindió el contrato con la empresa de fotomultas y se hará cargo del sistema

La Municipalidad de Villa Mercedes rescindió el convenio con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), que tenía a cargo del sistema de fotomultas, y confirmó que asumirá el control. La decisión se tomó luego de detectar incumplimientos en las notificaciones de las infracciones y de recibir más de 1.000 descargos de vecinos que aseguraron que nunca fueron informados.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa este lunes en la sala de Situaciones de la Municipalidad. El secretario de Gobierno, Germán Sepúlveda, y el fiscal de Faltas, Enrique Gargiulo explicaron los motivos que terminaron con el contrato, y cómo será el procedimiento a partir de ahora.

Sepúlveda expuso que la ordenanza 1347 sigue vigente, que las cámaras seguirán funcionando y que el Ejecutivo municipal se hará cargo de su administración y monitoreo de los dispositivos. Esto quiere decir que la salida de la empresa no significará el fin de los controles en Villa Mercedes.

“La ordenanza no ha sido derogada, ni creo haya ánimo de derogarla”, aclaró Gargiulo en el comienzo.

Uno de los argumentos que expusieron para sostener la continuidad del sistema fueron los resultados de las estadísticas de accidentes de tránsito. Según los datos presentados, en el período junio-noviembre se registraron 22 accidentes en avenida 25 de Mayo, frente a los 68 contabilizados en el mismo período del año anterior.

Además, en la intersección de 25 de Mayo y Betbeder no hubo siniestros durante esos meses. Sepúlveda recordó que en 2024 esa esquina había registrado más de 30 accidentes y era considerada una de las más peligrosas de la ciudad.

El funcionario también mencionó que se observaron resultados en Avenida Mitre, Hilario Cuadros, Pringles y Presidente Perón. A su vez, aportó un dato sobre los cruces con semáforo en rojo: en agosto se habían constatado alrededor de 8.000 infracciones de ese tipo, mientras que en octubre el número descendió a 2.000.

“El sistema no pide nada extraordinario, pide ausencia de maniobras peligrosas que eran las principales generadoras de accidentes”, sostuvo.

Gargiulo, por su parte, presentó un gráfico sobre los siniestros registrados entre junio y noviembre. Según expuso, el 79,1% no tuvo personas heridas, mientras que el 20,9% restante sí registró lesionados.

También mostró una comparación entre las principales avenidas. Tanto en Mitre como en 25 de Mayo se registraron 22 accidentes en cada una, frente a los 67 y 68, respectivamente, del año anterior. Presidente Perón representó el 14% de los siniestros e Hilario Cuadros y Pringles, el 5%, según los datos exhibidos.

Para Sepúlveda, las cifras reflejaron un cambio de conducta de los conductores y una mayor conciencia sobre la importancia de respetar las normas. En ese sentido, remarcó que el objetivo es continuar con una política de seguridad y educación vial que, según consideró, permitió reducir los accidentes.

Los motivos de la rescisión y las notificaciones

Al explicar por qué se tomó la decisión, Gargiulo contó que el 28 de octubre presentó una nota a la gestión municipal donde informó al intendente Maximiliano Frontera sobre las irregularidades detectadas sobre el cumplimiento del convenio y de la ordenanza.

Según detalló, Cecaitra tenía la obligación de registrar las infracciones mediante las cámaras y también de notificarlas a los presuntos infractores en sus domicilios. Ese compromiso estaba establecido en la cláusula 5°, inciso E, del convenio, dijo.

Además, el anexo 1 de la ordenanza 1347, en el punto 9 del procedimiento, establece que las comunicaciones deben realizarse personalmente, por cédula, correo postal o medios electrónicos. También fija un plazo de 60 días hábiles desde la comisión de la infracción para comunicarla.

“Tengo más de 1.000 descargos que llegaron a la fiscalía. La gente aduce que no ha sido notificada, hecho que fue corroborado”, afirmó el fiscal.

Tuvo en cuenta que la falta de comunicación formal afectó el derecho de defensa de los vecinos y la posibilidad de acceder a un procedimiento administrativo adecuado. Algunas personas se enteraban de las multas al ingresar a una página web o mediante aplicaciones, pero esa consulta no reemplaza la notificación que debía llegar a sus domicilios.

Incluso contó que varios se acercaron a la Fiscalía porque habían visto que tenían una infracción y querían pagarla, aunque todavía no habían recibido una comunicación oficial. En algunos casos abonaron voluntariamente y en otros presentaron descargos. La Fiscalía hizo lugar a los planteos de quienes demostraron que habían pasado los 60 días sin recibir la notificación correspondiente.

Qué tienen que hacer los vecinos

Uno de los puntos que buscaron aclarar fue qué sucederá con las infracciones registradas antes de la rescisión del convenio.

Sepúlveda indicó que la medida no significa que las multas queden anuladas ni que se desconozcan las infracciones cometidas. Sostuvo que los dispositivos utilizados para detectarlas están homologados y que las faltas existieron, aunque la empresa no haya cumplido con el procedimiento de notificación.

“Esto no presenta efectos retroactivos, es decir, efectos hacia atrás”, explicó al referirse a quienes ya pagaron voluntariamente una multa. Por lo tanto, quienes abonaron una infracción no recibirán una devolución por la rescisión del convenio.

En cuanto a quienes todavía no recibieron una notificación formal, el secretario de Gobierno indicó que deberán esperar la comunicación de la Municipalidad. A partir de ahora, un agente municipal será el encargado de notificar en los domicilios.

“Si no ha llegado en papel a su domicilio la notificación del municipio, haga caso omiso de todo lo que le pueda llegar o si figura en una página o lo que fuere", señaló.

Para quienes ya recibieron una notificación y tienen próximo a vencer el plazo del pago voluntario, Gargiulo anunció una prórroga de 60 días. La extensión les permitirá conservar el descuento del 50% y deberán consultar en la Fiscalía de Faltas cómo acceder al beneficio.

Los funcionarios también informaron que tanto en la Municipalidad como en la Fiscalía habrá mesas de atención para responder consultas y explicar los pasos que deberán seguir los vecinos. Una vez que esté organizado el nuevo procedimiento, volverán a brindar información sobre cómo se realizarán los pagos y las notificaciones.

El fiscal aclaró que la ordenanza 1347 no será modificada y que los valores de las infracciones continuarán establecidos en unidades fijas, dentro de los mínimos y máximos previstos por la normativa.

La gestión de las cámaras y los controles

Los funcionarios confirmaron que la rescisión del convenio no implicará el fin de los controles. La ordenanza continúa vigente y el Ejecutivo municipal se hará cargo del funcionamiento del sistema.

Gargiulo leyó un apartado de la cláusula 5° del convenio que establece: “Todo el equipamiento sujeto a las normas de las leyes de metrología legal que sea instalado en el municipio pasará a ser propiedad del mismo desde el momento en su puesta en funcionamiento”. De esta manera, aseguró que las cámaras pertenecen a la Municipalidad y que continuarán utilizándose.

Sepúlveda indicó que el cambio no debería representar un costo para el Municipio y que la intención es sostener el sistema mediante una gestión completamente municipal. Explicó que se encuentran trabajando en la articulación de los pasos necesarios para garantizar su continuidad.

Los controles comprenden excesos de velocidad, cruces con semáforos en rojo, invasión de sendas peatonales, falta de uso del cinturón de seguridad, circulación sin casco y utilización del teléfono celular mientras se conduce.

“Las reglas de tránsito son reglas de convivencia y las reglas de convivencia son culturales”, afirmó Sepúlveda. Consideró que la educación y los controles deben funcionar de manera conjunta para generar cambios en los hábitos de los conductores.

En esa línea, mencionó que la ciudad avanzó en la concientización sobre el uso del casco, aunque sostuvo que todavía queda trabajo por hacer. También advirtió sobre las consecuencias de los accidentes, desde las lesiones permanentes hasta las pérdidas de vidas y las dificultades que generan para las familias y el sistema de salud.

Durante el intercambio con los periodistas también surgieron consultas sobre la señalización de los lugares donde funcionan las cámaras.

Gargiulo respondió que la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece la obligación de señalizar los controles. Contó que, ante los planteos de vecinos que cuestionaron la cartelería, recorrió avenida 25 de Mayo y tomó más de 20 fotografías de los carteles que advierten sobre la fiscalización. También realizó el mismo relevamiento en Avenida Mitre.

Además, aseguró que las certificaciones de homologación de los dispositivos y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) están disponibles para quienes quieran consultarlas. Explicó que puede enviarlas por medios electrónicos y facilitar las fotografías de la señalización de cada sector.

Otra de las consultas estuvo relacionada con las motos que circulan sin patente o con las chapas tapadas, rayadas o modificadas. Sepúlveda advirtió que esas conductas pueden motivar la retención del vehículo por parte de la Policía o de los inspectores, debido a que impiden su identificación. Por eso, recomendó no retirar ni alterar las patentes.

También se refirió a la circulación de monopatines eléctricos y bicicletas eléctricas. Explicó que el Concejo Deliberante trabaja en una ordenanza para regular los primeros, que contempla el uso obligatorio del casco, edades mínimas, licencia de conducir y pechera.

Señaló que existen monopatines que alcanzan los 25 kilómetros por hora y otros que llegan a los 60, por lo que consideró necesario establecer reglas acordes a las características de cada vehículo. Respecto de las bicicletas eléctricas y otros medios de movilidad que aparecieron en los últimos años, indicó que también están contemplados en el análisis de las nuevas reglamentaciones.

Por último, Sepúlveda explicó que el Municipio trabaja en un plan de ordenamiento del tránsito para actualizar las prioridades de paso en distintas arterias. Mencionó que el crecimiento horizontal de la ciudad modificó la importancia de algunas calles, como Maipú, en la zona de las 1.000 Viviendas, que actualmente funciona como una vía importante y tiene una extensión de tierra hasta la circunvalación.

En esa misma línea, indicó que se actualizan los corredores sanitarios, cuyos recorridos estaban definidos por una ordenanza antigua que contemplaba los límites que tenía la ciudad años atrás.

El Chorrillero