El oficialismo busca dictaminar el proyecto de Malvinas en Diputados en medio de fuertes resistencias

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para este martes a las 16:00 en el Anexo C de la Cámara baja. Sin embargo, fuentes del interbloque Fuerzas del Cambio señalaron que todavía no se aseguraron las firmas necesarias debido a cortocircuitos con la Casa Rosada por artículos que el Poder Ejecutivo se resiste a modificar o eliminar.

A diferencia de las iniciativas elaboradas de forma conjunta en el Parlamento, en esta ocasión es el Gobierno el que fija los términos y mantiene la potestad de aceptar o rechazar las observaciones de la oposición. Hasta el momento, la única concesión oficial confirmada consistió en la modificación del artículo 111, el cual penaba originalmente campañas de desinformación masiva, para ajustarse a tipos penales comparados más específicos.

No obstante, sectores dialoguistas mantienen reparos sobre otros puntos centrales. Entre ellos figuran la falta de representación opositora con la incorporación de dos diputados en el Consejo de Seguridad y las objeciones en torno a la superposición de funciones entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en la protección de infraestructuras críticas. Desde el PRO y la UCR se muestran escépticos respecto a la posibilidad de rubricar el despacho este martes, aclarando que, de acompañar, lo harían en disidencia.

A las complicaciones políticas se suma un problema de tiempos en el calendario legislativo. El debate de fondo y la eventual aprobación de la ley se cruzan con la prioridad absoluta asignada al Presupuesto 2027 y la apretada agenda del mes de noviembre, marcada por los feriados previstos ante la visita del Papa y por el viaje que una comitiva de legisladores de La Libertad Avanza realizará a Estados Unidos para presenciar las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

Los ejes principales de la iniciativa

El proyecto gubernamental prevé endurecer las penas —con hasta 20 años de prisión— para quienes exploten o cooperen en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares, además de inhabilitarlos para operar en el país. La iniciativa reemplaza la Ley 26.659 y amplía la prohibición a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos renovables y no renovables.

Asimismo, la propuesta contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional coordinado por el Presidente e integrado por jefes de Gabinete y ministros clave, facultado para intervenir en la protección de infraestructuras críticas, ordenar medidas urgentes ante amenazas y autorizar, como último recurso, el derribo de aeronaves o el hundimiento de buques hostiles. El texto también incorpora el juicio en ausencia, un registro público de infractores y la redefinición de las funciones de la Defensa Nacional frente a amenazas estatales y no estatales.