Vanesa Salgado cuestionó la ampliación del sistema penal a adolescentes desde los 14 años y sostuvo que el Estado debería priorizar políticas sociales antes que medidas de castigo.
La reglamentación del nuevo Régimen Penal Juvenil generó preocupación entre organizaciones vinculadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Vanesa Salgado cuestionó la decisión de ampliar el alcance del sistema penal y advirtió que la medida implica un retroceso en materia de derechos humanos.
“Se agranda el sistema penal”, sostuvo Salgado al referirse a la nueva normativa. Según explicó, uno de los principales cambios es que adolescentes desde los 14 años podrán pasar por procesos penales.
Salgado dijo que el problema de fondo está en la falta de políticas públicas destinadas a niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, señaló que deberían fortalecerse áreas como educación, salud y deporte, en lugar de destinar mayores recursos al castigo.
Para Salgado, bajar la edad de punibilidad tampoco permitirá reducir los niveles de criminalidad. “Ninguna sociedad ni ninguna experiencia en el mundo ha demostrado que por bajar la edad de punibilidad se solucionan problemas vinculados a la criminalidad”, afirmó.
La entrevistada también puso en duda la capacidad del sistema penal para lograr una verdadera reinserción social. “El sistema penal no resocializa, no educa, no reinserta”, sostuvo, y explicó que su función principal es organizar el castigo.
Sostuvo que las políticas destinadas a los adolescentes deben comenzar antes de que exista un conflicto con la ley penal. “Cuando un chico de 14 años toca el sistema penal, llegamos tarde”, afirmó. Para Salgado, la sociedad debe garantizar desde edades tempranas condiciones de cuidado, educación y oportunidades.
Finalmente, vinculó la aprobación de la reforma con una construcción social de la inseguridad. Consideró que existe una idea instalada de que los adolescentes, especialmente aquellos de sectores vulnerables, representan una de las principales amenazas para la seguridad.