La CGT advirtió sobre una eventual judicialización de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

La CGT celebró este lunes la decisión del oficialismo de postergar hasta febrero el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y la calificó como un “gran triunfo táctico” de los trabajadores. Al mismo tiempo advirtió que, de avanzar sin consensos, el proyecto podría terminar judicializado.

“Van a tener muchos líos. Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo”, expresó Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción de la central obrera.

El dirigente atribuyó la postergación a una combinación de presión sindical, trabajo político previo y falta de votos suficientes en la Cámara alta. “Postergar la reforma laboral es un gran triunfo táctico de los trabajadores, coyuntural”, sostuvo el dirigente, al tiempo que aclaró que la discusión de fondo sigue abierta.

En diálogo con radio Rivadavia, Sola vinculó directamente la decisión del Gobierno con la movilización sindical de la semana pasada y con gestiones previas ante distintos actores políticos. Según relató, antes de la protesta hubo “un trabajo silencioso y productivo con gobernadores, senadores y diputados de todos los sectores políticos” para explicar las consecuencias del proyecto impulsado por el Ejecutivo. En ese marco, indicó que esas advertencias también fueron planteadas a la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.

“Debatir esto entre gallos y medianoche era un error y se tomó nota de ello”, afirmó el dirigente del sindicato del Seguro. En su análisis, varios senadores manifestaron disidencias totales o parciales y advirtieron que el oficialismo no contaba con los números necesarios para aprobar la reforma en los términos originales. “Se dieron cuenta de que no tenían los números para sacarla como querían”, remarcó.

La confirmación oficial de que la reforma laboral se tratará recién en febrero llegó el jueves pasado, pese a que el proyecto obtuvo dictamen en comisión. Desde el Gobierno explicaron la decisión en la necesidad de priorizar la aprobación del Presupuesto 2026 y de ganar tiempo para analizar las modificaciones propuestas por aliados y otros bloques. Bullrich aseguró públicamente que los apoyos están garantizados y que la postergación responde a la voluntad de “receptar todos los cambios” sugeridos.

Desde la CGT, Sola reclamó que el Ejecutivo amplíe la convocatoria y no limite el diálogo al sector sindical. “Es absolutamente necesario que el Gobierno escuche todos los sectores, no solamente al de los trabajadores”, planteó, aunque aclaró que la central obrera mantiene una “mirada propositiva” sobre distintos aspectos de la modernización laboral. Sin embargo, advirtió que, tal como está formulado, el proyecto “no va a mejorar la situación laboral de los trabajadores”.

El dirigente sindical enmarcó su rechazo en un diagnóstico crítico de la situación económica y social. Según afirmó, en los últimos dos años se perdieron más de 18.000 pymes y unos 200.000 empleos formales. “Todos los días cierran 30 pymes y todos los días hay 400 trabajadores menos”, enumeró, y atribuyó ese proceso a la falta de inversión productiva y a la ausencia de un proyecto económico que contemple al entramado productivo.

En esa línea, sostuvo que los cambios en las reglas laborales entre empleadores y trabajadores no generan empleo por sí mismos y que la clave pasa por la inversión y la estructura tributaria. “Si querés abrir una pyme se te va entre el 30 y 40% en impuestos provinciales, nacionales y tasas municipales”, señaló, y cuestionó que se intente financiar mecanismos de despido con recursos previsionales. También recordó que la baja de impuestos fue uno de los ejes del discurso con el que el actual Gobierno llegó al poder.

Sola también discrepó con el presidente Javier Milei sobre la situación de los trabajadores informales. Afirmó que quienes están en negro “tienen derechos pero no los pueden ejercer” por encontrarse en una situación ilegal y sumó a ese universo a los monotributistas. Además, advirtió sobre el impacto de la apertura de importaciones en distintos sectores industriales. “Hoy se hace una apertura indiscriminada y el tejido productivo se rompe”, alertó, al mencionar la crisis en la industria textil, cerámica y del juguete.

Para la CGT, el ajuste fiscal exhibido por el Gobierno tiene un costo social elevado. “El Gobierno bajó el déficit fiscal, pero la sociedad la está pasando mal; hay un descalabro social que hay que acomodar”, afirmó Sola, con referencias a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores informales. También mencionó reclamos de gobernadores que atribuyen el equilibrio fiscal al recorte de obra pública y de transferencias a las provincias.

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