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20/08/2025 17:45 hs

Diputados derogó la Ley de Desfederalización de Causas por Narcomenudeo

San Luis - 20/08/2025 17:45 hs
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Se trata de las políticas que impulsa el gobernador Claudio Poggi para combatir la inseguridad y el narcotráfico en San Luis. La gestión anterior había puesto esa responsabilidad en los jueces provinciales, una medida que no había funcionado en otras jurisdicciones y además nunca había sido reglamentada.
Este miércoles, la Cámara de Diputados sancionó la derogación de la Ley N°V-1081-2022 de Desfederalización de Causas por Narcomenudeo, con 24 votos afirmativos. El proyecto había sido enviado a la Legislatura por el Poder Ejecutivo como parte de las medidas dispuestas por el gobernador Claudio Poggi para combatir la inseguridad y el narcotráfico en toda la provincia.

La norma, sancionada en 2022 durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, establecía que los delitos menores vinculados al narcomenudeo -como la venta, entrega o suministro de estupefacientes en pequeñas dosis- fueran investigados y juzgados por la Justicia provincial en lugar de la Justicia Federal. Sin embargo, nunca llegó a implementarse: no se elaboraron protocolos de actuación, no se crearon los organismos previstos, ni se designaron jueces y fiscales especializados.

Durante el debate en el recinto, la miembro informante del oficialismo, Luciana Perano, señaló que la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados recibió la visita del director de Relaciones Institucionales, Rafael Berruezo, y de Ignacio Nieto, del Área Legal del ministerio de Seguridad, quienes explicaron los fundamentos del proyecto.

El esquema de desfederalización que se aplicaba no ha dado resultados positivos en otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Formosa y Salta. Según estadísticas de la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), este sistema provocó un aumento de causas por tenencia simple y consumo personal, debilitando al mismo tiempo la persecución de delitos complejos vinculados al narcotráfico.

El diputado Carlos ‘Charly’ Pereira criticó esta medida impulsada por Rodríguez Saá, recordando que incluso el ex procurador general Luis Martínez advirtió que la norma “no tendría un final favorable”. Martínez -dijo el diputado- señalaba que ni fiscales ni jueces contaban con la formación específica en narcomenudeo, lo que representaba un gran obstáculo para una adecuada persecución del delito. Además, la falta de estructura institucional para el manejo y procesamiento de las drogas secuestradas agravaba aún más la situación.

Pereira afirmó que, a pesar de estas advertencias, el oficialismo avanzó con la ley en 2022, que otorgó competencias a una Policía y a una Justicia local “sin la capacidad ni la idoneidad necesarias para enfrentar el combate contra la droga”. Además, la fragmentación de las investigaciones impedía comprender la dimensión real de las redes de comercialización, lo que dificultaba sancionar a los grandes distribuidores y limitaba la capacidad de aplicar figuras agravadas como la participación en organizaciones o el financiamiento del tráfico.

Durante la sesión, la diputada Miriam Serra también cuestionó la ley derogada, que lejos de reforzar la lucha contra el narcotráfico, trasladó responsabilidades federales a una justicia provincial “sin recursos ni preparación”. Esta decisión, explicó la diputada, colapsó al sistema local, desvió esfuerzos hacia delitos menores como la tenencia simple y debilitó la persecución de las redes criminales, generando “más esfuerzo con peores resultados”.

En contraposición, durante el período en que la norma estuvo suspendida -también por iniciativa del gobernador Poggi-, San Luis logró avances en la lucha contra el narcotráfico a través del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales, y la intervención de la Justicia Federal, que cuenta con mayor especialización en la investigación de delitos complejos. “Se ha quintuplicado la incautación de marihuana y se duplicó el secuestro de cocaína, producto de este trabajo mancomunado”, explicó Perano.

Por otra parte, la diputada Eugenia Gallardo destacó las acciones concretas que el gobernador Claudio Poggi viene impulsando desde que asumió para fortalecer la lucha contra esta problemática, que abarcan no sólo la seguridad, sino también la reconstrucción del tejido social roto, el impulso al crecimiento del sector privado y el fortalecimiento de las instituciones.

La legisladora mencionó avances como la jerarquización de la Policía, la mejora de sus condiciones laborales y edilicias, la compra de chalecos antibalas y móviles, y la incorporación del sistema de comunicación TETRA, que garantiza comunicaciones seguras y la geolocalización de agentes y vehículos. Además, resaltó las capacitaciones permanentes y la posibilidad que ahora tienen los efectivos de completar una licenciatura en Seguridad, algo que antes no existía.

Gallardo también destacó que esta gestión está trabajando en la atención a víctimas del narcotráfico y a personas con adicciones, con la reactivación del centro de deshabituación de La Toma y el centro de prevención a las adicciones en la ciudad de San Luis.

“El objetivo del Gobierno es claro: cuidar al sanluiseño, que cada ciudadano se sienta seguro y que, al mismo tiempo, San Luis sea una provincia atractiva para la inversión. Nadie quiere invertir en un territorio inseguro, y nuestro Gobernador lo sabe y lo tiene presente en cada decisión que toma. Éste es el camino: o lo enfrentamos solos, o lo hacemos acompañados de los recursos, la logística y la experiencia de quienes tienen la capacidad para dar esta lucha. San Luis eligió no estar sola”, cerró Gallardo.

Agencia San Luis

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