Investigan contrabando en vuelo privado desde Miami que habría ingresado 10 valijas sin control

Una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) puso bajo la lupa el ingreso de un jet privado de la empresa Royal Class al Aeroparque Jorge Newbery el pasado 26 de febrero de 2025 e inició investigación por contrabando. La aeronave, vinculada a Leonardo Scatturice, quien es señalado como nuevo dueño de Flybondi y nexo entre Javier Milei y figuras como Trump y CPAC, habría ingresado a Argentina con diez valijas, de las cuales solo se declararon cinco, y que aparentemente no pasaron los controles de equipaje correspondientes, según reveló el canal de noticias TN.

El vuelo privado arribó al Aeroparque en la mañana del 26 de febrero con Laura Belén Arrieta, gerente de operaciones corporativas de OCP TECH, y dos tripulantes: José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. La aeronave permaneció en Argentina hasta el 5 de marzo, partiendo luego hacia París con la misma pasajera y tripulación, a quienes se sumó Víctor Germán Du Plooy, gerente de negocios corporativos de OCP, quien había llegado previamente por el aeropuerto de Ezeiza el 3 de marzo.

Irregularidades detectadas por la Justicia

Un dictamen judicial de 60 páginas, cuyo contenido fue revelado por el canal de noticias TN, detalla una serie de anomalías. Los fiscales de la causa señalan que los pasajeros del jet privado no pasaron por los controles de equipaje y que el equipaje no fue sometido a revisión por escáneres. 

Las imágenes, según el dictamen, muestran cómo "personal aduanero recondujo a los tripulantes y la pasajera", permitiendo "el acceso exclusivo del grupo sin control". Esta "decisión expresa y directa del personal aduanero" se tomó "a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección", sin que existiera una "situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control".

Además, se encontraron inconsistencias en los registros migratorios. El vuelo de entrada, que se decía provenir de Fort Lauderdale (KFLL), en realidad partió de Opa-locka (KOPF). A la salida, el 5 de marzo, Migraciones registró como destino Fort Lauderdale, Estados Unidos, pero el vuelo se dirigió a París, con escala previa en el Aeropuerto de Tenerife Sur, en las Islas Canarias, España.

La Justicia también detectó que no hubo registros de control continuo del avión mientras estuvo en el hangar de Aeroparque. A pesar de la afirmación de Royal Class de que nadie ingresó al avión durante su estadía, el Ministerio Público Fiscal analizó grabaciones de la Policía Federal y encontró "filmaciones parciales con huecos temporales donde no es posible observar ni monitorear de manera continua el estado ni la posición de la aeronave".

El procedimiento de "sellado" del avión "no tuvo ningún aval oficial". Asimismo, la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) no registró la aeronave.

Otro punto de análisis es el "comportamiento inusual" de la pasajera Laura Belén Arrieta, quien fue observada en las imágenes entregando un "teléfono celular" a una agente de Aduana, quien respondió con un "gesto de 'okey'". 

Los fiscales han solicitado medidas para identificar a esta agente y a otros actores presentes durante el aterrizaje, así como la ampliación de las declaraciones de los pasajeros del vuelo.

La versión oficial lo había desmentido

Cuando el ingreso del vuelo de Royal Class trascendió, el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó irregularidades. En conferencia de prensa, Adorni aseguró: "Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa". 

Sin embargo, la investigación judicial y las imágenes reveladas contradicen estas afirmaciones.

Próximos pasos

Los fiscales solicitaron identificar de manera fehaciente a dicha funcionaria y a los demás actores presentes durante el desembarque. Asimismo, requerirán la ampliación de las declaraciones de pasajeros y tripulantes, y profundizarán el examen de los registros de PSA, Aduana y la Dirección de Migraciones para determinar eventuales responsabilidades.

El Periódico