Denunciaron que un psiquiatra del Poder Judicial emitió certificados médicos por un total de 3000 días de licencia a empleados públicos

El Chorrillero de San Luis está en condiciones de informar que el 8 de abril fue impulsado un nuevo pedido de investigación penal por la emisión de certificados médicos a empleados públicos de la administración central, descentralizada y organismos autárquicos por parte de un psiquiatra del cuerpo forense del Poder Judicial.

La presentación la formalizó la Fiscalía de Estado que se constituyó como querellante después de recibir los dictámenes de organismos del Gobierno. Se detectó una gran cantidad de certificados psiquiátricos atribuidos al profesional Franco Mastronardi con similares e idénticos diagnósticos y períodos prolongados.

La denuncia se conoce diez días después de cerrarse un proceso que desembocó en la condena a cinco años de prisión a una pareja por vender justificaciones médicas truchas que habilitaban a faltar a empleados públicos sin descontarles el sueldo. Se acreditó su responsabilidad en la comisión de los delitos de falsificación de instrumento privado, en concurso real y defraudación, en calidad de coautores, en perjuicio de la fe pública y la administración pública. La investigación dejó como saldo también que al menos 100 servidores públicos infieles fueron eyectados del aparato estatal.

Las actuaciones internas arrojaron que entre enero de 2024 y el 18 de marzo de 2025, obran en el sistema al menos 97 certificados atribuidos al profesional que totalizan 2989 días de licencia. Un promedio de 30,8 días por cada empleado.

El informe da cuenta de otras particularidades: las justificaciones emitidas para el sector privado son con “similares diagnósticos y términos de días extensos”, “mayoritariamente se refieren al personal docente” y no están incluidos lo que se presentan ante la Policía porque la institución cuenta con un registro propio de personal.

A los organismos gubernamentales les llamó la atención el número de certificados emitidos para ser presentados ante el Estado como el ámbito privado. En este sentido analizaron que se estaría en presencia de una imposibilidad material de expedir tanta cantidad por el tiempo que demanda cumplir la carga laboral en el Poder Judicial y el proceso mínimo de detección de las patologías.

En ese momento se sugirió consultar a la Policía, la Municipalidad de San Luis y la Universidad Nacional de San Luis si registraban certificados firmados por Mastronardi.

En la revisión general interna se verificó también un caso muy singular: la empleada de un ente obtuvo la licencia con un diagnóstico de cuadro clínico con trastornos de pánico y agorafobia (fobia a los espacios abiertos). Al ser convocada a una junta médica, el psiquiatra recomendó que sea de forma virtual y se conoció que en el periodo de permiso había viajado a España. Como no accedió a la citación, se dispuso el despido que no fue cuestionado por parte de la mujer.  Esta situación puso en duda la legitimidad de la justificación y despertó sospechas de “connivencia con el profesional de marras”, consigna el requerimiento de la Fiscalía de Estado.

Franco Mastronardi forma parte de la Oficina del Cuerpo Profesional Forense, departamento de Ciencias Médicas con el cargo de funcionario con el rango de prosecretario escalafón profesional del Poder Judicial, según el sitio oficial siajus.justiciasanluis.gov.ar.

Se advirtió además que el psiquiatra por su función en el sistema judicial debe ser investigado para determinar si incurrió en incompatibilidad teniendo en cuenta el artículo 15 del capítulo disposiciones comunes a jueces, funcionarios y empleados de la Ley Orgánica de Administración de Justicia. El inciso 2 dice: “Ningún miembro del Poder Judicial, podrá intervenir en acto alguno de propaganda electoral o política, ni ejercer empleo o comisión de carácter político nacional, provincial o municipal, sea rentado, electivo o ´ad honorem´.  Todo aquel que encontrándose en ejercicio de sus funciones acepte cualquier empleo de los declarados incompatibles, cesa automáticamente por ese hecho de ser miembro del Poder Judicial” y el 4 prohíbe: “Ejercer profesiones liberales o mantener vinculación de dependencia, sociedad o coparticipación con abogados, procuradores, escribanos, contadores, peritos oficiales y martilleros públicos”.

En definitiva, se promovió una investigación porque se habrían adulterado con “clara falsedad ideológica” documentos destinados a convertirse en públicos ya que fueron librados para ser presentados para la justificación de inasistencias por enfermedad de agentes públicos que tramitan por expedientes administrativos. Es decir, se estaría ante la posible comisión de delitos encuadrados en el Código Penal.

 

 EL CHORRILLERO