Después de la marcha universitaria, "esperábamos que se moviera el panorama"

 pocas semanas de cerrar el cuatrimestre, la tensión entre la comunidad universitaria y el Gobierno nacional no encuentra un canal de diálogo. Lejos de una recomposición acorde a la inflación, los trabajadores se encontraron con un incremento salarial que incluyó un bono de 10.000 pesos para los cargos simples, una cifra que los referentes gremiales calificaron como una "provocación".

El conflicto, que ahora suma la toma de colegios emblemáticos y protestas frente a la Corte Suprema de Justicia, reaviva el debate interno sobre la implementación de un paro por tiempo indeterminado.

Oscar Vallejos, secretario adjunto de la CONADU Histórica, analizó en DE UNA el panorama actual de la educación pública. El dirigente gremial señaló que, a pesar del contundente apoyo ciudadano visibilizado en las calles, la respuesta oficial consistió en mantener el congelamiento de los recursos previstos por la ley de financiamiento votada en el Congreso. Ante este escenario, la estrategia sindical apunta a converger con el frente sindical y las agrupaciones estudiantiles para exigir la intervención urgente del Poder Judicial.

Un bono de 10.000 pesos y la "bronca" en el sector docente

Oscar Vallejos expresó: "Nosotros después de la gran marcha del 12 de mayo esperábamos que se moviera el panorama, que el gobierno dijera, "voy a cumplir la ley". Eso no fue así, "si no que al revés". 

Tomas en colegios y el debate por el paro indeterminado

A la par de las medidas del sector docente, las agrupaciones estudiantiles comenzaron a profundizar sus propios reclamos. En Buenos Aires, los alumnos resolvieron la toma de establecimientos como el Colegio Nacional de Buenos Aires. Respecto a la confluencia de las protestas, Oscar Vallejos manifestó: "Se suma el estudiantado a esa disposición a luchar por la educación pública y la universidad pública".

La posibilidad de ir hacia una huelga total y por tiempo indeterminado forma parte de las discusiones en las asambleas de las distintas universidades nacionales. El debate central radica en cómo mantener visible el reclamo sin perder el acompañamiento de la sociedad ni vaciar las aulas.

"Nosotros creemos que hemos encontrado una forma de sostener la lucha y de no perder el apoyo ciudadano, de tener los estudiantes adentro", afirmó Oscar Vallejos.

Las clases públicas se mudan a las puertas de la Corte Suprema

Las federaciones docentes planean intensificar las actividades frente al Palacio de Tribunales en Plaza Lavalle. El objetivo es presionar para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie de manera urgente sobre la validez y la aplicación efectiva de la ley de financiamiento universitario.

"Esperamos es que la Corte Suprema rápidamente exija que el gobierno cumpla la ley y seguir adelante con la vida universitaria. Esperamos que cumpla su función histórica". 

El impacto del recorte en el interior y la "injusticia espacial"

Uno de los puntos más críticos señalados por la conducción gremial es el desfinanciamiento del sistema de asistencia estudiantil. Las becas nacionales actualmente se ubican en los 35.000 pesos. Esta situación afecta de manera directa a las sedes regionales y a los jóvenes que deben trasladarse desde distintas localidades para cursar sus estudios.

En relación a las dificultades para sostener la presencialidad en los centros de altos estudios, Oscar Vallejos apuntó: "Estamos sosteniendo un esfuerzo colectivo, conjunto, docentes y estudiantes para estar en la universidad. Algo que está siendo muy difícil porque el gobierno ataca los salarios, pero también ataca las becas".