Caso Dalmasso: El fiscal general de la provincia presentó la acusación contra 3 fiscales

"No es el manto de claridad que merecía Nora, sino un manto de justicia", expresó con claridad Mariangeles Mussolini en diálogo con las emisoras del Grupo Apolo. "Se merece una respuesta y que la causa vaya a juicio ordinario". 

El fiscal general de la provincia Juan Manuel Delgado advirtió por la impunidad de la causa y presentó la acusación contra 3 fiscales. Los cargos son por negligencia grave y mal desempeño son contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Los mismos investigaron desde el inicio el crimen de la mujer ocurrido en 2006. 

La acusación se formuló en los términos del artículo 154 de la Constitución Provincial y del artículo 2 de la ley de enjuiciamiento de funcionarios.

"Hasta que tengamos instancias para luchar por justicia, lo haremos", dijo. Comentó que la familia se encuentra a la espera de la resolución "esperanzados y expectantes". Aún se encuentran a la espera de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia, en donde se hizo el pedido de no prescripción.


Dijo que el jury es un "principio" para determinar la culpabilidad de Roberto Bárzola. Más allá de ser el principal sospechoso del ataque, Bárzola fue sobreseído por prescripción -ya que pasaron más de 15 años del hecho-, decisión que fue apelada. Durante 16 años los fiscales investigaron la causa en diferentes momentos y en forma sucesiva, pero las hipótesis apuntaron en diferentes direcciones. "No se hicieron cargo de las responsabilidades", señaló. 

A partir de la acusación a los fiscales, hay un plazo de 60 días hábiles para definir la destitución o continuidad de los fiscales. La decisión se toma en cada caso particular. Una vez presentada la acusación, los fiscales tienen entre 5 y 10 días para presentar sus descargos. Luego, se abre un período para demostrar las pruebas. A partir de allí se fija la fecha del debate, que sería a mediados de mayo.

Artículo 154: Que dice

Los magistrados y funcionarios judiciales son inamovibles y conservan sus cargos mientras dure su buena conducta.  Sólo pueden ser removidos por mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión de delitos o inhabilidad física o psíquica. Gozan de la misma inmunidad de arresto que los legisladores. Reciben por sus servicios una compensación mensual que determina la ley y que no puede ser disminuida por acto de autoridad o con descuentos que no sean los que aquélla disponga con fines de previsión u obra social.


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