El Gobierno quiere presentar la auditoría sobre las contrataciones en la ANDIS antes de fin de año

El Gobierno asegura que presentará la auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ante la Justicia antes de fin de año. El Ejecutivo afirma que ya hubo intercambios previos de documentación con los investigadores e insiste en que el informe final que entregará al juez Sebastián Casanello está “avanzado”.

Los equipos que responden al interventor Alberto Vilches revisan desde hace meses los procesos administrativos vinculados a la compra de medicamentos, incluidas facturas que no estaban registradas en portales públicos ni contaban con trazabilidad dentro del Ministerio de Salud. En despachos oficiales reconocen indicios de sobreprecios y contrataciones irregulares, en línea con los elementos detectados en la causa judicial.

En la Casa Rosada mantienen la postura de que “no hay preocupación” por las referencias a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la investigación y descartan tensiones por los llamados a declaración del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo y su exdirector de Acceso a los Servicios de Salud Daniel Garbellini.

“A Karina no la mencionan, es una inferencia. Queremos que avance la Justicia, que lo viene haciendo muy rápido”, afirman en Nación. En Balcarce 50 niegan que las inscripciones “KM, SC, ML, PAMI y CZ” en los cuadernos que obtuvo la Justicia del allanamiento al departamento de Miguel Ángel Calvete tengan que ver con un esquema de corrupción y lo referencian a los cambios en el esquema de compras.

El Gobierno insiste con que modificará el esquema de contratación de la ANDIS una vez que termine la auditoría y avance el proceso judicial, que comenzó con la filtración de audios de Spagnuolo en los que denuncia un presunto cobro de coimas en el organismo.

En el Ejecutivo reconocen además que quieren ejecutar las compras y contrataciones de forma directa a los laboratorios, sin la intervención de las droguerías. Nación advierten que el proceso “va a ser largo” porque conlleva una serie de costos administrativos, financieros y legales. También tienen previsto derogar las contrataciones con actores en la mira de la Justicia.

Según datos de la ejecución del presupuesto del Ministerio de Economía sobre la ANDIS, $3,1 billones se derivan a gastos de “seguridad social”, $556.054,96 millones a “salud” y $5300 millones a “promoción y asistencia”. La próxima involucrada que fue llamada a declarar ante el juez es Lorena Di Giorno, que fue citada para el 28 de noviembre.

Las acusaciones que tienen en la mira los investigadores contemplan direccionamientos de contratos millonarios y pedidos de coimas. Según la investigación, al menos cuatro droguerías -Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta- cargan con indicios de que pueden haber sido beneficiadas de manera sistemática. Se trata de contratos que deben estar documentados en la auditoría que realiza el oficialismo.

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