La aplicación de cabecera del Gobierno recibió un ciberataque y dejó expuestos los datos de millones de usuarios.
El sitio oficial Mi Argentina y la aplicación de la Tarjeta SUBE, dos de las plataformas digitales más importantes del Gobierno, fueron hackeada este miércoles por la noche tras sufrir un ataque cibernético. La noticia se conoció en las últimas horas y causó preocupación en las autoridades, dada la magnitud de datos de millones de ciudadanos que contiene la plataforma, lo que la vuelve un objetivo sensible.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología confirmó que se trató de un ciberataque. En los primeros minutos del jueves, si bien se podía ingresar a la web argentina.gob.ar, la mayoría de sus secciones todavía estaban inaccesibles. El funcionamiento se fue normalizando con el correr de las horas.
El enlace “acerca de este sitio” fue uno de los últimos donde pudo verse el mensaje “hacked by h4xx0r1337 $ gov.eth”, hasta que luego apareció el mismo texto que se divisaba en el resto de los apartados que habían quedado sin contenido.
Hackeo al sitio Mi Argentina: cómo fue el ataque
“503 Service Unavailable. No server is available to handle this request”, se leía junto a una pantalla totalmente blanca. Ello significa, básicamente, que no hay ningún servidor disponible para gestionar una solicitud.
En la web afectada, además, había inconvenientes para ingresar en los enlaces de Mi Argentina y la Tarjeta Sube, o en los destinados a sacar o renovar el DNI y el pasaporte, y a gestionar el certificado de antecedentes penales. Los mismos problemas presentaba la mayoría de los espacios destinados a "Documentación", "Tránsito y Transporte" y "Trabajo y Empleo", y los links de la sección “Más temas”.
La respuesta oficial
Además de responsabilizar a las anteriores gestiones por considerar que generaron un escenario beneficioso para los ataques de ciberdelincuentes, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología cargó contra "un grupo de diputados y senadores del Congreso de la Nación que optaron por jugar a la alta política en vez de garantizar los fondos destinados a la lucha contra estos delitos".
Hablaba, específicamente, de "una inversión urgente para fortalecer la infraestructura y la seguridad informática", contemplada en el DNU 656/2024, que "no pudo ser concretada por este Gobierno" por culpa de aquellos funcionarios.