Para el Gobierno, las bajas en los contratos “contribuye de manera notable a la reducción del gasto público” por lo que anunciaron la implementación de nuevos controles en el procedimiento de alquileres con el objetivo de “optimizar los recursos del Estado”.
De este modo, se resolvió la baja 23 convenios en la provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad de Buenos Aires. Además de los alquileres en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y en Tucumán.
En las oficinas que fueron cerradas operaban más de 3.500 trabajadores correspondientes a distintos entes de la administración estatal como la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, Anses, Aafip, Inadi, Enargas, Enacom, entre otras, y se aclaró que "en la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado nacional”.
La intención del Poder Ejecutivo es continuar con esta política y prevé la rescisión de 106 contratos de alquiler más.
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