La denuncia penal está dirigida al gobernador Alberto Rodríguez Saá, ministros, asesores, jefe y junta de clasificación penitenciaria. La llevan adelante agentes penitenciarios de más de 22 años de servicio, que se han visto perjudicados por la ley 1074 que no analiza antecedentes y que no tiene reglamento.
La denuncia es por delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, prevaricato y que se estudie la posible "Asociación Ilícita". El representante de los denunciantes dijo que para ello se necesita la acción conviviente y una metodología que permite que personal no idóneo asciendan grados de manera irregular, sin reunir los requisitos que se deben cumplir.