Por amenazas deberá cerrar sus redes sociales

El viernes se ordenó una serie de medidas que deberá cumplir un joven imputado por el delito de amenazas calificadas por ser anónimas. En la primera parte de la audiencia, luego de escuchar a las partes, la doctora Ucelay ratificó los cargos formulados el pasado cuatro de agosto.

A continuación, el doctor Leandro Estrada, fiscal a cargo de la investigación, explicó el contexto familiar del imputado, mencionó su falta de antecedentes condenatorios y tuvo en cuenta que, en caso de llegar a una condena, la misma podría ser de ejecución condicional. También explicó que existirían otras formas alternativas de resolver el conflicto, como la suspensión de juicio a prueba y dijo que no pediría prisión preventiva, sino otras medidas de coerción alternativas.

El abogado Jesús Lucero, defensor del imputado, enumeró las normas de conducta que seguiría su representado. Entre ellas, mencionó que su cliente se comprometía a cerrar sus redes sociales, Facebook e Instagram en forma definitiva.

Luego de escuchar la propuesta de la defensa y con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal, Ucelay dispuso la libertad del imputado y además, ordenó que deberá firmar el libro de presencia del 1 al 5 de cada mes ante el Ministerio Público Fiscal, por el plazo de 4 meses. La prohibición recíproca de acercamiento por todos los medios entre el imputado y la denunciante, por el plazo de 4 meses. Que fije domicilio. El cierre inmediato de todas las redes sociales por parte del imputado. Propuso que el imputado comience una carrera de nivel superior. En caso de incumplimiento, las medidas de coerción alternativas pueden ser revocadas.

Recordemos que el imputado amenazó a una mujer utilizando un perfil donde ocultaba su identidad bajo el nombre de la propia damnificada, en el segundo perfil desde donde amenazó a las amigas de la denunciante, utilizando otro nombre. Las amenazas, expresó el fiscal, generaron un contexto intimidatorio, coaccionante y vulnerante de la intimidad poniendo en riesgo el bien jurídico protegido de la libertad.

La denuncia se realizó el pasado 5 de julio e intervino la División de Ciberdelitos que comenzó con un “patrullaje cibernético”, arrojó como resultado que los perfiles falsos estaban vinculados a una dirección de IP que correspondía a empresas de internet que tenían como titular a la madre y hermana del imputado. La localización geográfica correspondía al domicilio del acusado. Se llevó a cabo un allanamiento con personal de Ciberdelitos y de la comisaría 10º en donde se secuestraron diferentes aparatos tecnológicos y en donde el joven reseteo y arrojó al piso su teléfono. De esta manera se obstaculizó la investigación para evitar que los operadores de la justicia determinen el destino de los mensajes.