Asamblea y acampe en defensa del Bosque Vulpiani de San Luis

En la localidad de Juana Koslay —a nueve kilómetros de la capital de San Luis— se encuentra el predio del Acueducto Vulpiani, un monte nativo de trece hectáreas que está amenazado por un emprendimiento millonario que pretende realizar el gobierno provincial. El área está protegida por la Ley de Bosques, catalogada como zona roja o amarilla. Desde el Ministerio de Ambiente provincial argumentan que si bien el predio está protegido por esa norma, el proyecto fue declarado de “interés público” por decreto y pueden avanzar con el desmonte. Ante la decisión del Gobierno de continuar con las obras, vecinos y vecinas de la zona acampan para frenar las máquinas y cuentan con un fallo judicial a su favor.

A principios de abril, el gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció que en el lugar se planifica construir el “Parque Acueducto Vulpiani”, un proyecto urbanístico que incluye la realización de edificios comerciales y administrativos, un teatro al aire libre, calles, senderos, plazas y miradores. La obra cuenta con un presupuesto de 1820 millones de pesos. El mandatario encabezó el acto de inauguración de la obra junto a sus funcionarios, acompañado del intendente, Jorge “Toti” Videla, y de representantes de la empresa constructora Serving.

La noticia despertó la preocupación de vecinos y ambientalistas, ya que la zona se encuentra catalogada como roja y amarilla por la Ley Nacional de Bosques 26.331. Por ese motivo, solicitaron el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la obra. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente provincial admitió (en abril pasado) que no contaba con esa documentación.

La comunidad se agrupó en la “Asamblea Ciudadana por el Vulpiani”. El 2 de mayo organizaron el primer encuentro para denunciar la deforestación que implica el proyecto. Ese mismo día, una máquina se encontraba desmontando ilegalmente. Fue gracias a la denuncia pública y al accionar de los ambientalistas que la máquina dejó de operar. A pesar de que el desmonte ilegal fue denunciado, en la actualidad no se encuentra en el registro de infracciones, informan desde la Asamblea. 

Una de las principales exigencias es el diálogo con las autoridades. Nazareno Altinier, uno de los vecinos, cuenta que la falta de respuesta no le sorprende: “Conocemos el manejo de las autoridades, sabemos de sus intereses, sabemos qué buscan y qué les interesa acá en Vulpiani. Lo único que hemos visto es presencia policial y de la empresa, en tanto seguimos a la espera de las autoridades”.

El acampe continúa por tiempo indeterminado. Ayelén Rodríguez, integrante de la Asamblea, es contundente: “El acampe durará lo que tenga que durar. Estamos acá, tenemos ayuda en logística y vamos a estar hasta el final. No vamos a permitir que avasallen nuestros derechos”. Florencia Suárez agrega que siente “la obligación de estar y la fuerza de la unión, estamos organizados en comisiones para mantener este acampe y para que nos escuchen”.

Acampe en defensa del Bosque Vulpiani

A pesar de que la obra no cuenta con licencia social, la Secretaría de Ambiente avanzó con la autorización. El 3 de julio comenzaron a llegar las máquinas para avanzar sobre el monte. Como respuesta, la agrupación se reunió en una asamblea extraordinaria, debatieron y resolvieron acampar en el lugar a modo de protesta.

Durante los primeros días, el acampe copó la agenda mediática y aquellos medios que durante meses ignoraron la problemática se vieron obligados a cubrir el hecho. Las primeras jornadas del acampe fueron tensas. La Asamblea hizo una barricada y "cordones humanos" para impedir el avance de las topadoras.

El 4 de julio, personal policial se acercó con una intimación de desalojo, motivada por una denuncia realizada por el apoderado de la empresa constructora, Sergio Finelli. La Asamblea no hizo lugar al requerimiento firmado por la fiscal María del Valle Durán y resolvió continuar con la protesta. Al día siguiente, la Fiscal le solicitó al juez Marcos Flores Leyes que ordene el desalojo del acampe.
Pero el Juez negó la solicitud de desalojo: en su fallo, instó a mejorar la implementación de la “Ley Yolanda”. Y argumentó que las futuras generaciones también tienen derecho de disfrutar de ese “pulmón verde”. 

Gustavo Quiroga es especialista en derecho ambiental del Centro Interdisciplinario de Investigación y Vinculación en Estudios Ambientales de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis y representante legal de la Asamblea. Mientras el Juez denegó el desalojo, el letrado pidió formalmente el cese de las obras e hizo responsable a la Fiscal por cualquier daño ocasionado a los manifestantes y/o a sus bienes.


La fiscal Durán apeló el fallo. “Me llamó mucho la atención porque en ella reconoce que los trabajos iniciaron antes de la presentación del Informe de Impacto Ambiental. Pero denuncia que cuando se retomaron las obras ‘los ambientalistas impidieron el paso de las máquinas’, lo que ella considera un delito. De todos modos, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que todo fiscal tiene la obligación de defender los derechos ambientales, y a mi entender la fiscal Durán está incumpliendo esta obligación”, opina Quiroga. 
Por su parte, la Asamblea presentó ante la Municipalidad de Juana Koslay un proyecto para declarar la zona “Reserva Natural Municipal”, solicitud que se había hecho anteriormente pero que no prosperó. Luego ingresó otra iniciativa, para revocar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. El argumento es que ese proceso se hizo incorrectamente, por lo que la aprobación de la obra es ilegítima.

El lunes 24 de julio se iba a tratar en el Tribunal de Impugnaciones la apelación de la Fiscal. Desde temprano, la Asamblea se hizo presente frente al Poder Judicial para exigir la preservación del "Bosque Vulpiani" y velar por el derecho a la protesta. Finalmente, la audiencia se suspendió porque las autoridades judiciales entendieron que la apelación carecía de fundamentos y que el fallo del juez tiene total validez. La Asamblea celebró la pequeña victoria, aunque denunció que el fondo del asunto aún no está resuelto.

Mientras el Gobierno se ausenta del conflicto y la empresa insiste con el ingreso de las máquinas, el acampe se mantiene. Allegados al gobernador electo (Claudio Poggi) se acercaron a la Asamblea durante la campaña, pero se esfumaron luego de las elecciones.
La agrupación ciudadana organiza, desde mayo hasta la fecha, actividades ambientales y recreativas todos los fines de semana. En los “encuentros familiares” realizan talleres ambientales y culturales, caminatas de reconocimiento de flora nativa, recolecciones de basura, juegos y espectáculos para niños, acompañado con música en vivo de artistas locales. También hacen actividades de capacitación ambiental, como charlas con expertos en biología, geología y legislación ambiental.

“No se puede quitar protección a un bosque por arte de magia”
El bosque Vulpiani linda con el acueducto homónimo: una obra de diez kilómetros de largo, de las primeras que permitió llevar agua desde el dique Potrero de los Funes hasta la ciudad capital. Por su historia e importancia en el desarrollo de la provincia, está catalogado como Patrimonio Cultural e Histórico del Municipio. A escasos metros del acueducto se encuentra el Salto de la Salamanca, un particular salto del arroyo Cuchi Corral donde se evidencian millones de años de historia, explica el geólogo Héctor Luis Lacreu.

Después de cinco solicitudes de acceso al EIA, el gobierno puntano compartió la documentación el 2 de junio. Según la legislación provincial, la Asamblea tenía diez días para analizar las casi 700 fojas de los estudios y, en caso de ser necesario, presentar observaciones, objeciones o sugerencias. Para ello solicitaron el asesormiento del Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental (Pitsa) de la Universidad Nacional de San Luis. 

A mediados de junio la Asamblea presentó un texto con 24 observaciones y objeciones sobre el EIA. Entre las objeciones destaca que el proyecto preveía la utilización de glifosato (hecho prohibido por la ley local), que parte de la base legal del estudio es una ordenanza de la ciudad de Buenos Aires que no tiene validez en San Luis,  que la obra generará un desequilibrio hídrico y que el predio está protegido por la Ley Nacional de Bosques. 

Solicitaron una audiencia pública para tratar estas irregularidades. Dos semanas después, la Secretaría de Ambiente respondió a las objeciones y dio lugar a las quejas antes mencionadas, asegurando que se incluirían en la Declaración de Impacto Ambiental. Asimismo, el Gobierno rechazó la audiencia pública y “entendió” que ya había cumplido con la participación pública.

El biólogo Antonio Mangione —que asesoró a la Asamblea respecto al estudio de impacto ambiental— aclara que “no todo lo que se declara como ‘de interés público’ necesariamente lo es, porque ningún derecho puede estar por encima de otro, ni mucho menos estar sobre un derecho constitucional como el ambiente sano. Si uno es estricto con lo que dice la norma, se sobreentiende que una obra de ‘interés público’ podría ser un hospital, un tendido eléctrico, un eventual tendido de líneas de gas; de ahí a hacer un ‘shopping’ es otra cosa. Enunciar una obra como ‘de interés público’ sin atender a las demandas y reclamos de la ciudadanía, me parece que es un error”.

Gustavo Quiroga explica que la declaración de utilidad pública está basada en, según lo que dice el Gobierno, garantizar a toda la comunidad el derecho de acceso al paisaje; pero resulta que eso ya existe: la sociedad puede ir libremente al bosque Vulpiani. Se pregunta: “¿Cómo un decreto de utilidad pública va a modificar y derogar una Ley Nacional y una Ley Provincial? Es imposible, un sinsentido. En el derecho ambiental rige el principio de no regresión, es decir que si una zona se cataloga como protegida no se le puede quitar esa protección por arte de magia”.  

Fuente :Terra Viva Agencia de Noticias