Merlo: Reclamó porque la causa por el abuso de su hija quedaría en la nada

Un lapso de semanas, quizás de un par de meses, leyes cuya aplicación aún tienen grises jurídicos y, no menor, el esfuerzo económico que implica llevar adelante un proceso penal. El fino entramado de esos factores va camino a provocar que la denuncia por la violación a una niña de seis años en Merlo quede en la nada. El quid de la cuestión es el debate sobre cuánto tiempo tiene una víctima de abuso para animarse a denunciar lo que vivió: el Código Penal de la Nación dice que hasta 12 años, pero leyes sancionadas en 2011 y 2015 cambiaron el panorama a favor de los denunciantes, aunque los magistrados aún fallan a favor de la prescripción de esas causas en los casos que ocurrieron antes de esas modificaciones. En octubre próximo, M.E.E. va a cumplir seis años de lucha para que, según sus palabras, no solo su hija tenga Justicia, sino todas las jóvenes que por sus procesos personales no pudieron revelar lo que sufrieron hasta años más tarde.
 
R.B. egresó del secundario en 2016 y al año siguiente se mudó a Córdoba para iniciar sus estudios universitarios. Como aún tenía 17 años, sus padres le consiguieron asilo en la residencia del Opus Dei, donde forjó una fuerte relación afectiva con una de las superioras, a quien le confesó por primera vez lo que había sufrido en manos de su tío, A.F.L., cuando tenía entre 6 y 7 años.
 
De vuelta a Merlo, junto a su familia la joven denunció el hecho en octubre de 2017. Fue sometida a pericias psicológicas que dieron cuenta de indicios traumáticos compatibles con abuso y la causa comenzó a sumar pruebas. “La primera vez que fui a testimoniar al Juzgado me dijeron que la causa por poquito prescribió. Yo lloraba mientras los funcionarios me decían que le creían a mi hija”, contó M.E.E. “Ella (por su hija) no se acuerda bien cuándo ocurrió el hecho. Cuenta que fue en un cumpleaños pero no recuerda si tenía 6, 6 y medio o 7. Son días, un mes, no sé, los que juegan en contra para la prescripción”, se quejó.
 
María de los Ángeles Tapia, abogada de la familia, presentó una apelación ante la Cámara Penal de Concarán y, ante el rechazo, presentó un recurso de inconstitucionalidad en mayo de 2019. En 2020, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar y ordenó que la causa fuera desarchivada y siguiera su curso hacia el debate oral. El acusado fue detenido en marzo de ese año.

“Cuando nos dijeron por primera vez que la causa había prescripto, Ángeles nos dijo que podíamos pedir un recurso, pero que nunca se había hecho por el tema del dinero: muchas chicas llegan hasta acá, hasta esta instancia donde les dicen que las causas prescribieron y no hacen más nada. Cuando pudimos pagar el recurso de casación y nos dieron lugar, marcó un precedente en este tipo de casos”, recordó la madre de la víctima. Incluso guardó la publicación de El Diario sobre esa novedad con las palabras de la entonces presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Lilia Novillo, quien le dijo a este medio: “Un niño abusado, primero, ni sabe qué le han hecho. Después, con el tiempo, empieza a tomar verdadera dimensión de lo que pasó. No podemos decir, entonces, que un delito de abuso prescribió. Estoy totalmente convencida de que debe ser así, que se debe investigar. Hay que incentivar estas cosas”.

Admitió otro abuso
 
Pero el caso no se resume solo a la historia de R.B., ya que una prima también acusó a A.F.L. por haberla manoseado en 2015 y esa causa siguió curso hasta septiembre del año pasado, cuando el acusado y su abogado accedieron a un juicio abreviado en el que acordaron una pena a tres años y cuatro meses de cárcel por “Abuso sexual simple”. Para ello, el hombre tuvo que admitir el delito.

Ese mismo día, la defensa del acusado solicitó otra la prescripción de la causa por el delito más grave, el cometido contra R.B., caratulado como “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño producido a la salud mental de la víctima” con un pedido de pena a 18 años de prisión.
 
Como una historia repetida, la causa le fue elevada a la Cámara de Apelaciones de Concarán y el 13 de febrero de este año, con dos votos a favor y uno en disidencia, tres juezas volvieron a declarar a la causa como prescripta. “Por ese motivo volvimos a apelar nuevamente con un recurso de inconstitucionalidad basado en el abuso de la normativa legal que tiene que ver con los Derechos Constitucionales de los Menores y la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra ellos, tal como lo establece la normativa internacional con respecto a los Derechos del Niño”, le explicó Tapia a este medio hace unas semanas.

Hace unos días, la letrada recibió noticias poco alentadoras: Luis Martínez, el procurador general de la Provincia, que debe expedirse antes de que el expediente llegue a los jueces del STJ, se inclinó por la prescripción del caso.
 
 
Criterios distintos
 
En 2011 se sancionó la Ley Piazza, que establece que los años de la prescripción deben contarse no desde el momento en que ocurrió el hecho, sino desde que la víctima cumpliera los 18 años. En 2015, la aprobación de la Ley de Respeto de Tiempos de las Víctimas introdujo el concepto de que el plazo cuente desde el momento en que la víctima efectúa la denuncia.