El oficialismo de la Cámara de Diputados sorprendió esta mañana en la Comisión de Presupuesto al incluir en el proyecto de presupuesto 2023 un artículo que obliga a todos los magistrados, empleados y funcionarios del Poder Judicial a pagar el impuesto a las ganancias (independientemente de su fecha de nombramiento), tributo del que muchos están exentos. La modificación, de aprobarse, afectaría además a los jubilados del Poder Judicial.
La propuesta corrió por cuenta del diputado Marcelo Casaretto y tuvo el apoyo del resto de sus colegas, incluso de la oposición de Juntos por el Cambio. El legislador enfatizó que, según se establece en el mensaje del presupuesto que envió el ministro Sergio Massa al Congreso, el Estado se privará de recaudar unos 237 mil millones de pesos el año próximo en el impuesto a las ganancias por las exenciones que tiene el Poder Judicial.
Plenario de comisiones de Presupuesto e Industria de la Cámara de DiputadosPrensa HCDN
“Este año, el Estado dejará de recaudar 129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones”, enfatizó el diputado entrerriano, quien señaló que en la actualidad solo pagan el impuesto a las ganancias aquellos funcionarios del Poder Judicial que asumieron a partir de 2017, y “solo por una parte de sus remuneraciones”.
“Lo que nosotros planteamos, con tantas necesidades que tiene la Argentina, es que quienes tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial. Es un privilegio inaceptable a esta altura del partido. Debemos eliminarlo; es un tema de estricta justicia y esperamos que la oposición nos acompañe”, arengó Casaretto.
La propuesta del oficialismo recogió el apoyo de todas las bancadas, también de Juntos por el Cambio. De todas maneras, en la oposición cunde cierto escepticismo sobre la aplicabilidad de la medida -si finalmente es aprobada- debido a las acordadas en contrario que ya dictó la Corte Suprema.