La interpelación a la funcionaria de Frontera: “falta de transparencia” y “mal gasto de los dineros públicos”

La secretaria de Medio Ambiente, Karina Maranguello fue interpelada por los concejales de la oposición para que pruebe el manejo de los gastos públicos en el Centro de Contención Animal. El Tribunal de Contralor había advertido que hay sospechas sobre un perjuicio económico de $6.030.600 en las arcas municipales, como también posibles responsables “de no cumplir con las obligaciones de funcionarios públicos”.

Que la funcionaria se sentara en el recinto del Concejo Deliberante tuvo mucha resistencia del oficialismo, por eso el acto donde debía contestar tuvo momentos de polémica. “Me sometieron a un circo durante dos días”, dijo para acusar a los concejales que lograron interpelarla. Y amenazó que iba a denunciarlos.

La sesión comenzó el lunes a las 11 de mañana, y Maranguello ocupó 17 horas seguidas para contestar la primera de 28 preguntas. Pasadas las 4 de la madrugada hubo un cuarto intermedio.

Ese día la oposición cuestionó a la secretaria porque no puso a disposición la información para que pueda ser cotejada. “Deben solicitarla por los caneles que corresponda”, les pidió. Cuando se retomó la sesión en la jornada siguiente, se acordó realizar dicha presentación desde el Concejo.

“Ella y el oficialismo se comprometieron a facilitar la documentación, y analizarla conformaremos una comisión”, contó este jueves la concejal Cecilia Lucero (Unidos por San Luis).

“Demostraron que hay contratos precarizados con montos irrisorios. Ningún trabajador es de planta permanente, son todos contratados. Esto no se trata de quién gana o quién pierde, acá la oposición está preguntando para que se cumplan las políticas públicas de manera transparente”, tuvo en cuenta.

Maranguello reconoció que el personal de la canera ofrece sus servicios como monotributistas. Bajo este sistema se incorporó una abogada.

“Son dineros públicos, tienen la obligación de la transparencia, de tener todo detallado. Hay compras directas y se ha gastado más de la cuenta, más de lo presupuestado”, aseguró.

Para Hugo “Pipo” Rossi (UCR) la gestión de Frontera “está haciendo las cosas muy mal y no está respetando ni siquiera la Ordenanza de Cuidado Animal que establece que se debe castrar anualmente el 20% de la población de perros y gatos de la ciudad de Villa Mercedes”.

Esa fue una de las concusiones que hicieron desde la oposición después de la lectura de la documentación.

Rossi consideró que “no se ha respetado el piso mínimo de 12 mil castraciones anuales “para mantener estable la población” de estos animales.

“En los que lleva de gestión, 2 años y medio, se ha castrado aproximadamente 11 mil animales. Parecen no entender que esto es un problema de salud pública”, detalló.

Apuntó también que las castraciones son tercerizadas, y acusó a la Municipalidad de “malgasta los recursos públicos”.

Maranguello sostuvo desde marzo de 2022 se han “contratado 3.185 castraciones a razón de $2500 cada una”, lo que significa un monto total de $7.962.500. “De los cuales un veterinario ha sido contratado para realizar la mitad de esas cirugías por un monto de casi $4.000.000”, detalló Rossi al respecto. El profesional indicado es la pareja de la responsable del Refugio Animal.

“Los refugios no pueden ser un parque temático (Disney) como pretende el intendente. Los refugios son el fracaso de las políticas públicas de castraciones, además de ser un lugar de sufrimiento y muerte de animales son lugares donde se pueden contagiar enfermedades”, también cuestionó.

Y sobre las el registro de las donaciones agregó: “Desconoce que las mismas son parte de los ingresos municipales, y el Ejecutivo debe dar cuentas al Concejo Deliberante según lo determina la Carta Orgánica”.

Consideró que el tiempo que la funcionaria se tomó en la primera jornada de la interpelación para leer uno a uno los contratos de locación como “una falta de respeto institucional”.

“Es claro que estamos ante una de las peores gestiones municipales en mucho tiempo”, añadió.

En la misma línea, Federico Fonzar (Unidos por San Luis) apuntó que es “notoria falta de transparencia”, y que el manejo de los fondos se tramitan “con una total desaprensión de las normas vigentes”.

También hizo hincapié en “una palmaria precarización en las contrataciones laborales, encubiertas en contratos de locación de servicios, como así también una incapacidad de avanzar en la aplicación de políticas acordes a la situación precaria que se vive en el Refugio”.

“No tuvimos acceso para corroborar sus argumentos, por lo que estamos frente a un relato sin acceder a las pruebas y su debido control”, dijo. En este sentido adelantó que se avanzará en un proyecto de resolución emplazando a la secretaria para que en el término de 5 días facilite la documentación.


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