En las próximas semanas la coalición oficialista apuntará a lograr el consenso necesario para que el proyecto presupuestario sea aprobado en el Congreso. El complejo contexto en el que negociará con la oposición
En menos de dos meses el año político llegará a su fin. El 20 de noviembre se bajará el telón de la obra que protagonizan los integrantes del gobierno nacional y la oposición. Incluso, quizás, algunos días antes. Ese domingo comenzará el mundial de Qatar. El foco de atención cambiará abruptamente y difícilmente lo que haga la dirigencia política pueda superar la repercusión de los partidos de fútbol.
Un funcionario nacional cercano al Presidente lo aceptó sin rodeos. “Hay que llegar a noviembre. Después viene el Mundial. Veremos cómo le va a Messi. Después llegan las fiestas y las vacaciones. El año que viene veremos cómo sigue todo”, sentenció. Llegar a puerto implica evitar que la gestión se derrumbe por el impacto de la alta inflación en la sociedad por los desacoples de un gobierno que convive con el temor de una nueva interna.
En estas semanas que quedan por delante, sobre todo en las próximas dos, el Gobierno transitará la gestión sobre dos ejes: las negociaciones cruzadas para lograr aprobar el Presupuesto 2023 en el Congreso y la definición sobre el futuro de las PASO, en un frente electoral donde hay posiciones encontradas.
En lo que respecta al Presupuesto, en el gobierno nacional esperan no repetir el momento de máxima tensión que les tocó protagonizar en diciembre del año pasado, cuando la oposición no les votó el proyecto en la Cámara de Diputados. Fue un golpe político que expuso la debilidad de la Casa Rosada.
En la oposición son cautos y no adelantan ninguna opinión terminante. La postura oficial empezará a construirse cuando arranquen los debates en comisión en los próximos días. De todas formas, en las filas opositoras trasciende que harán todos los esfuerzos necesarios para que no vuelva a pasar lo del año pasado.
Si el Gobierno se queda sin presupuesto, debería extender la prórroga del presupuesto del 2021, completamente desactualizado en lo que respecta a los valores del dólar y las proyección inflacionaria. Además, un escenario político de ese estilo terminaría de caldear la compleja relación que hoy une al Frente de Todos con Juntos por el Cambio.
Como sucede siempre, los gobernadores jugarán un rol esencial en la construcción del consenso parlamentario. Desde hace tiempo vienen marcando en público y en privado sobre la necesidad de que les garanticen los fondos para continuar con las obras. Sobre todo porque el año que viene será un año electoral y necesitan mostrar gestión.
En un comunicado que sacaron diez días atrás, hicieron hincapié en que es importante el “sostenimiento del plan de obras públicas y de financiamiento del plan de viviendas con el objeto de garantizar el crecimiento de la economía argentina”. El texto fue firmado por 18 gobernadores. Hay unanimidad de criterio sobre el reclamo.
El FMI quiere que haya Presupuesto. El Gobierno lo necesita y la oposición no quiere asumir otra vez el costo político de boicotear el proyecto y exponer a la luz la interna que los carcome, tal como sucedió en diciembre del 2021, cuando el PRO pateo el tablero, mientras la UCR y la Coalición Cívica tenían intenciones de negociar para evitar que el Presupuesto se caiga.
La negociación parlamentaria se dará en un contexto donde fracasó el llamado al diálogo realizado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Nadie cree, en ninguna de las dos veredas, que al día de hoy sea posible generar una mesa de diálogo sincera. La convocatoria fue solo un cascarón y sin verdadero contenido.
En lo que respecta al futuro de las PASO, los gobernadores peronistas también están jugando un rol importante. Todos están de acuerdo en que las elecciones primarias deberían derogarse. Más allá que la mayoría no tiene PASO en sus provincias, consideran que el gasto que realiza el Estado es innecesario y que ese dinero podría ser coparticipado entre todos los distritos.
En Balcarce 50 ya negaron en más de una oportunidad que el Presidente tenga la voluntad de avanzar con la suspensión de los comicios. Pero en Juntos por el Cambio no creen en el Gobierno. La desconfianza sobre la palabra es permanente y, con el paso del tiempo, más profunda. En gran medida, por eso fue imposible acercar posiciones después del atentado a Cristina Kirchner.
En el kirchnerismo, en tanto, conviven las dos posturas. El camporismo, por el momento, se inclina por mantenerlas, mientras que en otros sectores del mundo K pretenden voltearlas para quitarle a la oposición una herramienta que los fortalece. Los más pragmáticos creen que el Gobierno, en una instancia final como serán las elecciones presidenciales, debe jugarse y tomar una determinación de fondo.
Si la Casa Rosada quisiera avanzar con la modificación del calendario electoral lo tendría que hacer en los dos meses que le quedan a la agenda política. Porque el proceso electoral comienza en mayo, con la presentación de alianzas, y puertas adentro del Gobierno reconocen que es inviable cambiar las reglas del juego, sin consenso, el mismo año en que se realizarán los comicios.