El Senado convirtió en ley el programa de Desendeudamiento Familiar

Este martes, la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar, enviado a la Legislatura por el gobernador Claudio Poggi. La propuesta establece herramientas para que las familias que registran deudas en mora puedan reorganizar su economía doméstica, acceder a mejores condiciones de pago y recuperar parte de sus ingresos para destinarlos al consumo.

Durante el tratamiento, el senador Martín Olivero destacó la importancia de dar respuesta a una problemática que afecta a numerosos hogares de la provincia, especialmente a aquellas familias que pese al esfuerzo cotidiano encuentran dificultades para llegar a fin de mes y deben recurrir a préstamos, tarjetas de crédito o entidades financieras para afrontar gastos esenciales como alimentos, medicamentos y servicios.

“El Estado no puede mirar para otro lado cuando hay familias que están atravesando dificultades económicas”, expresó Olivero y valoró la decisión del gobernador de impulsar una iniciativa destinada a acompañar a los sanluiseños en ese contexto.

Olivero aclaró que la ley no implica que el Estado asuma las deudas particulares, sino que intervenga mediante herramientas fiscales para incentivar a las entidades crediticias a ofrecer alternativas de refinanciación más accesibles. En ese sentido, explicó que mejorar los ingresos “resulta insuficiente cuando una parte importante de los recursos familiares termina destinada al pago de intereses de préstamos y tarjetas”.

La norma crea dos programas complementarios. El primero, de Desendeudamiento Familiar, está dirigido a personas con domicilio en San Luis durante al menos dos años ininterrumpidos y que registren deudas de consumo con una mora superior a tres meses al momento de la sanción de la ley, dentro de los montos que establezca la reglamentación.

Las entidades financieras que adhieran podrán ofrecer planes de regularización con plazos de amortización no menores a 24 meses, un período de gracia de al menos dos meses y una tasa de interés que no podrá superar en más de diez puntos porcentuales a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) publicada por el Banco Central.

Uno de los aspectos que Olivero consideró fundamentales es que el valor de la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del grupo familiar, para evitar que las obligaciones financieras absorban una proporción excesiva de los recursos del hogar. Además, las refinanciaciones no podrán incluir gastos administrativos, comisiones ni honorarios adicionales.

La legislación también contempla la posibilidad de consolidar distintas deudas en una sola refinanciación, incluso cuando hayan sido contraídas con diferentes entidades. A su vez, podrán incorporarse compromisos pendientes por servicios públicos de competencia provincial, como los de Edesal, de acuerdo con lo que determine la reglamentación.

Para promover la adhesión del sector financiero, el Gobierno provincial podrá otorgar exenciones en los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos correspondientes a las operaciones alcanzadas por el programa, siempre que las propuestas cumplan con las condiciones establecidas.

El segundo eje de la ley es el Programa de Incentivo al Consumo Familiar, que permitirá a las entidades adheridas presentar planes de descuentos, reintegros, promociones y otros beneficios destinados a estimular las compras en los comercios de San Luis. A cambio, podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 25% de los beneficios efectivamente otorgados a los consumidores.

Sobre este punto, Olivero explicó que la reducción del monto de las cuotas puede generar un efecto positivo que trasciende la economía de cada hogar. Al disponer de una mayor parte de sus ingresos, las familias podrán volver a destinarlos a compras en almacenes, supermercados, farmacias y otros comercios de la provincia, favoreciendo también a los emprendedores y trabajadores del sector.

En el cierre de su intervención, el senador remarcó que el endeudamiento familiar constituye una realidad que requiere respuestas concretas y que la articulación entre el Estado y las entidades financieras puede contribuir a mejorar las condiciones económicas de numerosos hogares. “Sabemos que esta ley no es la solución a los problemas económicos que atraviesan los sanluiseños, pero sí se puede convertir en una herramienta importante para quienes hoy necesitan ordenar sus cuentas”, concluyó Olivero.

Agencia San Luis