Causa Molino Fénix: la Justicia realizó nuevos allanamientos a empresas en Villa Mercedes

La Justicia provincial llevó a cabo este martes dos allanamientos simultáneos en locales comerciales de Villa Mercedes en el marco de la investigación por el vaciamiento de fondos públicos del complejo Casa de la Música y Molino Fénix. Los procedimientos se realizaron en la estación de servicio Combustibles Argentinos, ubicada en la calle Pringles al 800, y en un centro de distribución de agua y soda sobre la avenida Juan Domingo Perón al 2000.

La medida fue dispuesta por el Ministerio Público Fiscal con el objetivo de precisar la trazabilidad del dinero extraído sin control del organismo estatal durante la administración de la exlegisladora provincial Anabela Lucero. De acuerdo con lo manifestado por el fiscal José Olguín, los operativos se enfocaron en la recolección de documentación administrativa para reconstruir cómo los fondos desviados fueron blanqueados mediante el uso de facturas apócrifas y firmas alegadas como fantasma.

La causa dio un giro tras la ampliación de cargos y la detención de la dirigente peronista el pasado 24 de agosto, oportunidad en la que la fiscalía fundamentó la incorporación de nuevas evidencias e identificó la participación de empresarios locales en la maniobra fraudulenta. La hipótesis acusatoria que involucra a Lucero y a Joaquín Beltrán sostiene la generación de facturación falsa para justificar erogaciones por obras inexistentes. Posteriormente, las sumas eran transferidas a cuentas de terceros proveedores ficticios para su posterior blanqueo e integración al circuito formal o pago de erogaciones reales.

Según precisó el fiscal Olguín, la investigación abarca la actividad de múltiples firmas comerciales asociadas a un mismo empresario en Villa Mercedes, dentro de las cuales figuran entidades que emitían recibos apócrifos sin concretar cobros efectivos.

Actualmente, las actuaciones judiciales apuntan a siete empresas y a cinco personas físicas incorporadas en el registro APOC de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por inconsistencias de domicilio y falta de prestación de servicios reales. Sobre este grupo, las autoridades judiciales ordenaron el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil para examinar el endoso de los cheques utilizados, los movimientos de las cuentas e identificar a los beneficiarios finales de las transacciones.