Una estructura criminal enraizada en el Molino Fénix: la grave acusación que llevó a prisión a Anabela Lucero

La investigación judicial por el desvío de fondos públicos en el complejo Molino Fénix derivó en un fallo histórico tras la decisión de la Justicia de dictar prisión preventiva por dos meses a la ex diputada provincial Anabela Lucero. La medida se concretó luego de una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal presentó un volumen contundente de evidencias que modificó la situación procesal de los acusados.

Tras la resolución del juez Santiago Ortiz, Lucero fue trasladada e ingresada durante la noche al Servicio Penitenciario Provincial, junto a otros imputados alcanzados por la medida de coerción, entre ellos su hermano, Enzo Lucero, y su cuñado, Exequiel Scarel.

Una "estructura criminal" y un fraude millonario

Durante el proceso, el abogado representante de la Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, definió el caso con contundencia: “Nunca en la historia de la provincia una investigación ha podido determinar un desvío de fondos tan importante, con una estructura criminal enraizada dentro del ente centralizado, que es el Molino Fénix”.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal —llevada adelante por los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio—, la maniobra se sostuvo mediante una clara división de roles y permanencia en el tiempo que facilitó el vaciamiento de fondos públicos de manera indiscriminada y sin controles. Si bien el cálculo preliminar ubica el perjuicio económico en un monto superior a los 900 millones de pesos, las autoridades advirtieron que las pericias contables aún no están concluidas, por lo que la cifra final podría ser considerablemente mayor.

Empresas fantasmas, cheques y levantamiento de secreto fiscal

La trama investigativa expuso la utilización de al menos 7 empresas y 5 personas individuales vinculadas al registro APOC (por la confección de facturas falsas, sin domicilio real ni prestación de servicios efectivos). Ante este escenario, la Justicia ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los involucrados para rastrear la trazabilidad de los cheques, descubrir quiénes los cobraron y determinar el destino final del dinero sustraído.

Durante los debates, el juez Ortiz cuestionó la falta de una teoría del caso sólida por parte de las defensas para contrarrestar las pruebas presentadas por la Fiscalía, a excepción de algunas intervenciones. En tanto, el magistrado rechazó un pedido de prisión domiciliaria con tobillera electrónica para Lucero debido a que la defensa omitió presentar el informe técnico de factibilidad e internet exigido por la normativa provincial, así como también desestimó una oferta económica de 4 millones de pesos realizada para evitar el encarcelamiento.

Situación de otros implicados

La causa continúa abierta y con derivaciones políticas e institucionales. En el caso del diputado Joaquín Beltrán, la Fiscalía solicitó su desafuero ante la Cámara de Diputados de la provincia para avanzar con un pedido de prisión preventiva similar. Por otro lado, la defensa de los imputados detenidos interpuso un recurso de revisión que será evaluado por el Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes, mientras que el Ministerio Público Fiscal apelará el plazo de la prisión preventiva para intentar extenderla a cuatro meses.