La ex diputada Anabela Lucero fue enviada a la cárcel por ser jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado en más de $900 millones

Durante la audiencia que se realizó este lunes durante siete horas en el Poder Judicial de Villa Mercedes, la ex diputada albertista Anabela Lucero expuso dos veces para insistir que esta es una causa política donde sufre persecución y hostigamiento. Habló de escarnio social y de atropello a los derechos humanos. Al fiscal le dijo “psicópata”, y al juez Santiago Ortiz le pidió que tuviera en cuenta cada punto que le observó antes de tomar una decisión, y que también lo viera con perspectiva de género. “Parece un acuerdo entre Fiscalía y el Tribunal. Le estoy diciendo que soy una mujer, que soy una figura política, soy mamá, tengo dos hijas, y esto es una causa política. Soy inocente”, dijo antes que se resolviera su encarcelamiento. Pero cerró con una frase un poco más contundente: “Yo no soy Cristina para que me proscriban y me manden presa”.

A las 16, el magistrado ordenó la prisión preventiva de Lucero; de su pareja y diputado Joaquín Beltrán; de su hermano, Enzo Lucero y de su cuñado, Exequiel Scarel por el término de dos meses. El Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado pidieron el desafuero de Beltrán para poder avanzar con el encarcelamiento de él. Los otros tres salieron escoltados por la Policía. Coincidieron que esta medida cautelar es la única "capaz de tutelar el proceso".

“Que trascienda a los medios nacionales que esto es una causa política”, volvió a repetirle a los periodistas que hicieron la cobertura desde las 9.

Pasadas las 20 fue trasladada desde Villa Mercedes a la ciudad de San Luis, y a las 21:20 llegó al penal junto a los otros acusados.

La medida de coerción no lo alcanzó a Diego Torres, el quinto imputado. Olguín explicó que siempre estuvo a derecho, que siempre fue notificado y se presentó cada vez que fue convocado. Recordó que en la anterior audiencia, fue el único que asistió, cuando el resto presentó certificados médicos para evadir o frenar el proceso.

Lucero mantuvo el control político del organismo provincial que dirigió su marido porque fue una funcionaria de estrecha confianza del ex gobernador, Alberto Rodríguez Saá y del ex ministro de Obras Públicas, Alberto Rodríguez Saá (h). Desde el Molino Fenix montó prácticamente una intendencia paralela y manejó una caja millonaria incalculable de fondos públicos que la convirtieron en la delegada política de albertismo en Villa Mercedes.

Antes de resolver, el juez analizó por qué no haría lugar al pedido de eximición de prisión que presentó su abogado, y las alternativas que expuso para evitar que Lucero sea enviada a prisión, por ejemplo, la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. “No se habló de la factibilidad conforme al sistema provincial. No todas las causas permiten en esta provincia el uso de la tobillera”, dijo, y le explicó que el planteo debió contender ese estudio, es decir un informe con análisis de domicilio, conexión a internet, y sobre todo si hay disponibilidad: “Esas cuestiones a la hora del planteo deben constar, y no las tengo en mi poder”.

A través de su representante, Lucero ofreció 4 millones de pesos, y propuso además cumplir con la prohibición de acercamiento al Molino Fénix y en no salir de la provincia, como también someterse al cuidado de vigilancia de una institución o autoridad. A nada de eso hizo lugar el magistrado. Valoró la pena en expectativa, y el incremento del peligro de fuga. También la intervención de terceras personas, lo que implicaría que Fiscalía llame a una nueva formulación de cargos, y las pericias que todavía están pendientes, entre ellas contables.

El juez hizo lugar a la ampliación de formulación de cargos para Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres por el delito de administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia. También por asociación ilícita. A Lucero y Beltran como jefes de organización, y los demás como partícipes necesarios. Consideró que los delitos tienen una vinculación con aquellos formulados en marzo del año pasado, y mencionó las evidencias que aportó el fiscal para acusarlos provisoriamente ahora.

Al mismo tiempo se explayó en que salvo Beltrán, ninguno de los imputados logró plantear una defensa que contrarrestara a la presentada por el Ministerio Público Fiscal: “Me quedé esperando siempre esa contestación”.

El fiscal José Olguín describió el primer delito que les imputó: administración fraudulenta. Señaló que los hechos ocurrieron entre el 2020 y el 2023, en perjuicio de la administración pública. Según la evidencia que acumuló, los imputados aprovecharon el rol que cumplían en el Molino Fénix, dispusieron de fondos públicos en beneficio propio o de terceros mediante diferentes mecanismos irregulares como, por ejemplo, facturas falsas.

Dijo que el perjuicio estimado, por ahora, es por un monto superior a los $900 millones de pesos. Todavía el informe contable no está completo, por eso el monto final no se ha establecido. Al mismo tiempo enumeró las funciones que cumplieron cada uno de los imputados y mencionó que las maniobras se realizaron a través de diferentes tipos de defraudación.

Uno de los mecanismos consistió en contrataciones directas que se hacían a empresas radicadas en otra provincia y que no eran proveedores del Estado. Todo lo hacían en total incumplimiento de normas contables.

Se hizo contratación de empresas “cuyos bienes o servicios no tenían nada que ver con la actividad del Molino Fenix”, señaló.

Mencionó 116 cheques relevados durante la investigación, y sólo 4 estaban en orden. Esto habría permitido desviar fondos a terceras personas mediante el uso de empresas. Consideró Olguín que la investigación debe continuar para determinar quiénes fueron las personas beneficiadas con estas maniobras.

Sobre la asociación ilícita dijo que “existió un pacto entre personas para cometer delitos”, entre el 2020 y el 2023, donde todo tuvieron funciones divididas. Los imputados afectaron servicios y vehículos a la campaña electoral de Anabela Lucero, y sostuvieron una red de pagos con fondos del Molino Fénix.

En cuanto a la destrucción de evidencia, la fiscalía puntualizó sobre el delito previsto en el Art. 255 del Código Penal Argentino, que se refiere a la destrucción, ocultamiento, alteración o sustracción de pruebas, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en interés del servicio público.

En el relato incluyó cuando a mediados del 2023, y ante el próximo cambio de gestión, los imputados sustrajeron y destruyeron evidencias que los involucraban con la comisión de delitos. De ese modo se produjo la destrucción de registros contables en un horno de barro.

También introdujo que Beltrán y Lucero borraron de manera remota la información de sus teléfonos cuando estaban secuestrados en el Poder Judicial.

EL CHORRILLERO