Otra cuenta pendiente de la Justicia: San Luis lidera el ranking de juicios laborales en el país

San Luis registró en 2025 la mayor tasa de judicialidad laboral de la Argentina, con 300 juicios iniciados cada 10 mil trabajadores asegurados en el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). El dato surge de un relevamiento difundido por el portal Argentina en Datos, elaborado en base a información de la organización Unión ART, que analizó el comportamiento de la litigiosidad en el fuero en todo el país a lo largo del año pasado.

Esto implicó un incremento interanual del 20,7% y más que duplica el promedio nacional, que se ubicó en 132,8 casos.

Lo cierto es que se cumplen nueve años de la sanción de la Ley 27.348, norma complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo que buscó descomprimir la judicialización mediante la creación de comisiones médicas obligatorias y mejoras en las indemnizaciones.

Sin embargo, los números reflejan que el objetivo de reducir la litigiosidad no solo no se cumplió sino que el escenario se agrava año a año.

En términos absolutos, durante los primeros nueve meses de 2025 se iniciaron en San Luis 2485 litigios, lo que equivale a un promedio de 9,1 demandas por día. La cifra representa un alza del 19,6% frente al mismo período de 2024, cuando se habían contabilizado 2.077 expedientes.

En los últimos seis años, la cantidad de presentaciones creció de manera sostenida, posicionando a la provincia como la séptima jurisdicción con más juicios iniciados en el país, pese a contar con una estructura productiva significativamente menor que otros distritos.

En el ranking nacional, en términos totales, San Luis quedó por detrás de la provincia de Buenos Aires (36.805 demandas), la Ciudad de Buenos Aires (18.880), Santa Fe (13.864), Córdoba (6085), Mendoza (6796) y Chubut (3018).

El podio de litigiosidad por cada 10 mil trabajadores detrás de San Luis lo completan Santa Fe, con 295,9 casos, y Chubut, con 235,8. Le siguen Mendoza (208) y Jujuy (179) que cierran el lote de las primeras cinco provincias. El top 10 sigue con la Provincia de Buenos Aires (159), Córdoba (127), Neuquén (116), CABA (113) y Entre Ríos (87).

Pero hay otros casos como Córdoba que registró un índice de 126,5 y fue una de las pocas provincias donde la incidencia bajó respecto del año anterior, en un contexto marcado por investigaciones judiciales sobre presuntos fraudes en este tipo de causas.

En Mendoza, el índice fue de 207,7 casos, con una caída interanual del 5%. Allí se implementó hace dos años un sistema de auditorías sobre peritos judiciales.

Según la UART, aunque las revisiones alcanzan apenas al 2% de los expedientes, el 90% de los dictámenes auditados fue corregido a la baja, lo que “evidencia fallas en el antiguo sistema de peritos que cobraban honorarios proporcionales al monto del juicio”.

Las comisiones médicas creadas en San Luis

La elevada judicialidad encendió alertas en el ámbito gubernamental y empresarial, dado que este tipo de conflictos suele impactar en los costos laborales, la previsibilidad del sistema de riesgos del trabajo, la competitividad y el clima de inversión. Frente a este escenario, el Gobierno provincial, desde que Claudio Poggi inició el segundo mandato, decidió impulsar medidas orientadas a descomprimir la vía judicial y agilizar la resolución de controversias entre trabajadores y aseguradoras en un corto plazo.

A nivel local, San Luis adhirió a la Ley 27.348 en diciembre de 2024 y la implementación efectiva comenzó en mayo de 2025, tras la firma del convenio con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Como parte del esquema, el Gobierno provincial puso en funcionamiento comisiones médicas en las tres circunscripciones judiciales. Estos organismos tienen un plazo máximo de 60 días para emitir dictamen, ofrecen patrocinio jurídico gratuito y cuentan con un nuevo cuerpo de peritos, con el objetivo de agilizar y transparentar el sistema.

El nuevo sistema promete beneficios tangibles para todos los sectores involucrados. Las empresas se verán reducidas prácticamente a la mitad las alícuotas que pagan a las aseguradoras de riesgos del trabajo, mientras que los trabajadores accederán a resoluciones más rápidas de sus reclamos.

El Poder Judicial, por su parte, se liberará de causas que ahora tendrán resolución administrativa.

Las comisiones tienen varias misiones, entre ellas, resolver las diferencias entre las ART y los trabajadores damnificados, sobre el accidente laboral o enfermedad profesional, tanto en el porcentaje de incapacidad como en el tratamiento otorgado

También determinar la naturaleza laboral del accidente o enfermedad; el carácter y grado de incapacidad; el contenido y alcance de las prestaciones en especie; y mucho más.

Argentina y su lugar en la región

A nivel nacional, en 2025 ingresaron 134.141 nuevos juicios laborales y la litigiosidad creció 6,4% respecto del año previo. Para la UART, el fenómeno encierra una “primera gran paradoja”: mientras los siniestros cayeron 55%, los fallecimientos bajaron 80% y la cobertura se amplió en los últimos años, las demandas judiciales continúan en ascenso.

La entidad también plantea una segunda paradoja al comparar con otros países. “Argentina cuenta con un sistema alineado con estándares internacionales en prevención y con una cobertura más amplia que la de países desarrollados. Sin embargo, enfrenta un nivel de litigiosidad desproporcionado”, advirtió.

Como referencia, señaló que Chile registra 5,8 juicios cada 10 mil trabajadores y España 8,5, frente a los 132,8 de la Argentina. En términos relativos, la tasa local es 2200% superior a la chilena y 1500% mayor que la española.

El aniversario de la Ley 27.348 coincide, además, con el debate parlamentario de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, cuyo proyecto insiste en la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo del sistema de comisiones médicas como instancia previa y obligatoria.

Mientras tanto, los números muestran que, al menos en San Luis, la judicialización de los accidentes y enfermedades laborales no se detiene.

Uno de los principales argumentos del Gobierno nacional durante el tratamiento legislativo fue la necesidad de reducir la litigiosidad laboral y poner fin a lo que denomina “la industria del juicio”.

Abaratar costos judiciales, reducir indemnizaciones, modificar el período de prueba y facilitar las condiciones de despido aparecen como algunas de las claves que La Libertad Avanza busca consolidar.

En el capítulo judicial, el proyecto introduce dos cambios de peso. Por un lado, unifica el criterio de intereses, que pasarían a calcularse con “IPC más 3%”. Busca “evitar que el trabajador pierda poder adquisitivo en un crédito que es alimentario” y elimina la disparidad de criterios entre provincias.

El otro punto es la posibilidad de pagar sentencias laborales en cuotas: hasta seis para grandes empresas y hasta doce para pymes.

Nuevas mediciones

Desde este mes, rige un nuevo baremo establecido por el decreto 549 de agosto pasado. La tabla de evaluación determina el porcentaje de incapacidad derivado de accidentes o enfermedades laborales.

Según explicó la presidenta de la UART, Mara Bettiol, la mayoría de los casos que terminan en juicio corresponden a trabajadores a quienes las comisiones médicas les fijaron 0% de incapacidad en la instancia administrativa.

“El nuevo baremo reduce la discrecionalidad y pone el foco en las limitaciones físicas objetivas más que en los síntomas declarados”, sostuvo.

Un informe del Ieral de Fundación Mediterránea, basado en datos oficiales, muestra que en casos de lumbalgia no especificada con 0% determinado en sede administrativa, los porcentajes reconocidos en la instancia judicial oscilan entre el 9% y el 19% en la Ciudad de Buenos Aires; entre el 7% y el 16% en la provincia de Buenos Aires; y entre el 4% y el 7% en Santa Fe.

Los juicios laborales por rubros

La composición sectorial de las demandas en San Luis revela que la administración pública encabeza el listado con 955 casos hasta septiembre de 2025, un 23,4% más que el año anterior.

Le siguen la industria, con 637 expedientes (+11,8%); comercio y reparación de vehículos, con 221 (+41,7%); construcción, con 116 (-23,2%); y transporte y almacenamiento, con 114 (+44,3%).

EL CHORRILLERO