El corrimiento del Estado impacta sobre mayor violencia de género y el avance de la narcocriminalidad

El calendario apenas marca 13 de enero de 2026 y la provincia de Córdoba ya tiene una herida abierta. El año comenzó de la peor manera con un femicidio en Villa María el mismo 1 de enero, un hecho que no es aislado, sino parte de una estadística que hiela la sangre y que parece no encontrar freno. Mientras los vecinos tratan de digerir las noticias policiales que se repiten como un ciclo macabro, las organizaciones advierten que detrás de los números hay un cambio de época marcado por la retirada del Estado.

Victoria Aguirre, vocera de Mumalá y abogada especialista en políticas públicas, puso sobre la mesa los datos duros de una realidad que golpea fuerte. El 2025 cerró con 266 femicidios, pero hay una cifra oculta que muchas veces pasa desapercibida: los 997 intentos de femicidio. Son casi mil mujeres y disidencias que hoy caminan con las cicatrices de una violencia machista extrema.

"El agresor, en muchos de estos casos, pensó que había terminado con esa vida, que había cumplido con su intención, y se suicidó o se retiró del lugar entendiendo que la había asesinado", explicó Aguirre, remarcando que estas sobrevivientes pelean hoy por su vida debido a las heridas causadas.

Un comienzo de año alarmante
Si bien los datos del 2026 son incipientes, la tendencia no da tregua. En estos primeros 13 días del año, la organización ya ha recabado información sobre al menos ocho muertes violentas de mujeres en distintos contextos, de las cuales 3 ya se confirman como femicidios.

Para Aguirre, la situación es crítica y responde a una multicausalidad donde la política —o la falta de ella— juega un rol central. "El abandono de las políticas públicas lo que ha hecho es incrementar también esta violencia, recrudecerla", sentenció.

La abogada denuncia que los discursos de odio, lejos de apaciguarse, "avalan y habilitan la violencia que existe".

El desmantelamiento de la red de contención

Uno de los puntos más sensibles que toca la especialista es la precarización de los canales de denuncia. Aquellos lugares a los que una mujer acudía en busca de auxilio hoy están, según sus palabras, "vaciados".

"El 144 está desmantelado, el 137 también se ha quedado sin personas que acompañen estos abordajes. Los equipos interdisciplinarios están totalmente desmantelados y los que están subsistiendo lo hacen de forma muy precarizada", detalló Aguirre.

Esta falta de recursos se traduce directamente en una baja en el porcentaje de denuncias en los últimos dos años. No porque haya menos violencia, sino porque el mensaje que baja es desalentador. Se ha instalado nuevamente un discurso peligroso de "la buena y la mala víctima", o la idea de que es un problema privado.

"Habíamos logrado sacar esta situación de 'es una cuestión de pareja' para entender que hay un problema social. Si estamos hablando de un femicidio cada 33 horas, y en octubre y noviembre asistimos a 1 cada 26 horas, no podemos negar que nos atraviesa a toda la sociedad", enfatizó la vocera. Vale recordar que el 64% de los femicidios fueron a manos de parejas o exparejas.

Crueldad y narcocriminalidad: los nuevos patrones
Lo que más preocupa a los expertos no es sólo la cantidad, sino el "cómo". Aguirre advierte sobre un ensañamiento que no se veía con tanta frecuencia: torturas previas, desapariciones y un odio de género explícito.

A esto se suma el contexto de la narcocriminalidad, un fenómeno que Mumalá viene analizando hace cinco años con foco en Rosario, pero que se expande. "Encontramos muchos más casos en contextos de narcocriminalidad", señaló, indicando que esto a veces se utiliza para justificar que a ciertas víctimas no se las proteja o no se investigue a fondo, bajo la excusa del entorno en el que vivían.

La responsabilidad federal y provincial

Si bien las comisarías y unidades judiciales dependen de las provincias, Aguirre fue tajante al explicar por qué se necesita un lineamiento nacional. Actualmente, se vive una situación de discrecionalidad donde "cada provincia resuelva como quiere".

"No queremos lavarle la cara a ningún gobernador, porque lamentablemente tenemos cuatro provincias que están incendiadas en contexto de femicidios", aclaró, mencionando que ella misma se encontraba en Chaco, una de las jurisdicciones con tasas más altas.

Sin embargo, recordó que el narcotráfico es un delito federal y que el corrimiento del Estado Nacional de los territorios "ha permitido que de una forma mucho más acelerada en estos últimos dos años el narcotráfico ingrese".

Para cerrar, la abogada dejó una reflexión amarga sobre quiénes pagan los platos rotos de este ajuste en las políticas de género y seguridad: "Ya sabemos que la mujer, los niños, los jubilados y las jubiladas son los bastiones de ajuste".

DE UNA