San Luis es la segunda provincia con la mayor cantidad de juicios laborales del país

San Luis se ubicó como la segunda provincia con mayor cantidad de juicios laborales del país. Esa es una de las conclusiones a las que arribó Ieral Fundación Mediterránea en su estudio publicado esta semana.

El informe, que toma datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), detalló que San Luis presentó durante el período enero-agosto unos 23 litigios iniciados por cada 10 mil trabajadores.

La provincia solo fue superada por Santa Fe (24) y se encuentra muy por encima del promedio nacional (11).

De esta manera, las demandas por accidentes y enfermedades laborales retomaron niveles inéditos, siendo uno de los factores que más afectan la generación de empleo formal en la Argentina.

En comparación con el año pasado, también se observó un incremento. Durante los primeros ocho meses, pero de 2024, se registraron 19 litigios puntanos.

“Entre 2021 y 2025, el número de demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales experimentó un marcado rebote, estimando al cierre de 2025 alrededor de 125 mil presentaciones, volumen semejante al máximo histórico de 2017”, remarcó el estudio firmado por la especialista Laura Caullo.

A su vez, advirtió que la evolución del sistema “vuelve a exhibir una desconexión, evidenciando menos siniestros, pero más juicios, lo que genera incertidumbre operativa, costos crecientes para las empresas y presiones sobre las alícuotas del seguro”.

La distribución territorial de las demandas mostró una heterogeneidad estructural: Salta obtuvo el menor registro, con 0,1 juicios cada 10 mil empleados, seguida de Catamarca (0,3).

El análisis de los registros precisó que nueve provincias concentran aproximadamente el 80% del total de juicios del sistema. Al comparar 2025 con el año anterior, en las provincias más relevantes la mayoría registró incrementos en la cantidad de causas iniciadas, siendo particularmente marcado el aumento en San Luis, Santa Fe y Chubut.

Las pericias médicas, tema central en las provincias

Para la Fundación Mediterránea, las explicaciones al crecimiento de la litigiosidad convergen en el modo en que las justicias provinciales gestionan sus procedimientos periciales médicos.

La Justicia

“En varios distritos aún rige un esquema en el cual el perito judicial surge por sorteo de una lista de médicos inscriptos para realizar pericias. En algunos casos —aunque no en todos— los honorarios de los peritos judiciales no están fijados en función del trabajo realizado, sino que se calculan como porcentaje de la incapacidad determinada, lo que genera una tendencia sistemática al sobrediagnóstico”, consigna la investigación.

En este sentido, puntualizó que los profesionales “no cuentan con especialización en la valuación del daño laboral ni capacitación específica en la temática y no existen mecanismos sistemáticos de monitoreo de su desempeño”.

“La distorsión más grave la genera el hecho de que el procedimiento vigente los obliga a efectuar una nueva evaluación del trabajador en lugar de revisar el dictamen previo de la Comisión Médica”, agregó.

También se detuvo a analizar la Ley N° 27.348 de Riesgos del Trabajo. Indicó que la norma buscó corregir esta falla mediante la creación de Cuerpos de Peritos Médicos (CPM) integrados por médicos seleccionados por concurso, especializados y capacitados. Pero la implementación fue muy parcial.

“En la mayoría de las provincias se mantienen condiciones que incentivan a litigar”, aseguró el estudio.

Impulsado por la gestión de Claudio Poggi, San Luis adhirió a la ley el año pasado y en los últimos días comenzaron a funcionar tres comisiones médicas ubicadas en las tres circunscripciones judiciales.

El impacto en los costos laborales

En otra parte, se aborda la consecuencia directa de este escenario de alta litigiosidad y el efecto económico en la estructura de costos de la cobertura de riesgos laborales.

Indicó que la cuota que las empresas pagan a las ART combina dos componentes. El primero es el riesgo real de la actividad, y el segundo es el costo esperado de litigiosidad.

“Cuando este último crece y se desacopla de la siniestralidad, termina dominando la estructura de costos del seguro. Así, las empresas argentinas terminan pagando menos por accidentes reales y más por riesgo judicial. El resultado es que las alícuotas vienen creciendo al punto que en agosto ya llegaron a 2,9% de la masa salarial”, añadió.

Entre 2010 y 2016, los registros demostraron que mientras la siniestralidad bajó, el promedio de la alícuota ascendió de 3,20% a 3,46% sobre la masa salarial. Con la sanción y puesta en marcha de la ley y la caída en la judicialización, los años posteriores mostraron una baja paulatina en las primas del seguro.

No obstante, a partir de 2021 y 2022, el retorno de la litigiosidad aceleró la suba de las alícuotas impulsadas por la masificación de juicios, lo que distorsionó el equilibrio actuarial del sistema.

“El aumento de las alícuotas justifica la preocupación y reclamo de los empleadores. Pero en la medida en que estos incrementos alcanzan para cubrir solo parcialmente el impacto financiero de la judicialización, la sostenibilidad del sistema se está erosionando. Las recientes disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación estableciendo, ante una situación de déficit financiero, una inhibición general de bienes sobre una ART alerta sobre posibles riesgos sistémicos”, culminó el estudio.

La posición de la UART

En medio del debate por la reforma laboral, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) precisó que el volumen de demandas por accidentes laborales alcanzó un récord histórico y terminará el año con casi 130 mil demandas.

Para la presidenta de la UART, Mara Bettiol, ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización: “Ninguna reforma, cualquiera sea su alcance, podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial”.

EL CHORRILLERO