Sólo el 1,3% de las denuncias de la gente en la Justicia de San Luis son resueltas

Por segundo año consecutivo, el desempeño del Ministerio Público Fiscal (MPF) de San Luis fue el menos eficaz del país a la hora de resolver los casos que ingresan a la Justicia. Se ubicó la provincia en el último lugar del ranking nacional, según la investigación difundida hace pocos días.

Así lo refleja un informe desarrollado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) que analizó la tasa básica de eficacia político-criminal de 2023.

El informe se detuvo en el funcionamiento de 18 organismos acusadores provinciales, junto al de la Nación, y midió la proporción de causas penales que reciben una respuesta “con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad”.

En San Luis de 23.276 casos penales ingresados, 119 recibieron condena, 117 suspensiones de juicio a prueba y 71 acuerdos reparatorios.  Esto representa que el 1,32 % de las causas penales en San Luis logra una respuesta considerada de calidad que implica condena, suspensión de juicio o acuerdo reparatorio.

Chaco (16,66%), Jujuy (14,26%) y Neuquén (13,08%) se ubicaron entre los de mejor desempeño. Mientras que Catamarca (1,83%) y La Rioja (1,94%) acompañaron al MPF puntano en los últimos puestos.

La eficacia a nivel local se ubica en los últimos lugares desde hace años. En 2019, San Luis se posicionó en la 15° posición del ranking (con 2,26%), en 2021 fue 17° (1,39%), y en 2022 quedó último (0,33%). Durante el 2020, año de la pandemia, el Inecip no realizó el estudio.

También puntualizó que entre el 1% y el 17% de los casos penales del país reciben una respuesta de calidad, mientras que el resto no lo hace. Esto se traduce en problemas de la ciudadanía para acceder a la Justicia.

Además, indicó que la tasa exhibe “algo que cualquier operador judicial sabía, pero cuya cuantificación no deja de ser poderosa: en todos los Ministerios Públicos, sin excepción, la enorme mayoría de los casos penales que ingresan quedan sin una respuesta de calidad ni siquiera una suspensión de juicio a prueba o una reparación, formal o informal, judicial o extrajudicial, en instancias estatales o no estatales“.

Según reiteró el informe, “más del 80% de los casos efectivamente penales están quedando sin ningún tipo de respuesta, una situación que, más allá de la cuestión estadística, es socialmente alarmante”.

Durante 2023 el MPF de San Luis estuvo bajo la jurisdicción del procurador General, Luis Martínez. Permaneció hasta el 28 de febrero de 2025, fecha en que entró en vigencia su renuncia. En la actualidad el jefe de los fiscales es Eduardo Cadelago Filippi.

“Una gran proporción de los casos que ingresan a las fiscalías y que son identificados como casos penales son formal o informalmente descartados, desechados, dejados sin respuesta, generalmente a través de archivos u otro tipo de salidas que no implican una respuesta sustancial al conflicto”, continuó el organismo.

Con esta medición, el instituto busca poner en debate, no solo el problema de la eficacia de los ministerios, sino también hacer foco en las dimensiones centrales, como son la “sobrecarga endémica” y la necesidad de orientar la actuación a resultados concretos.

El objetivo de ello es “concientizar a las autoridades de los Ministerios Públicos Fiscales sobre la importancia de producir datos básicos acerca del desempeño de las fiscalías, como insumo para la toma de decisiones institucionales que permitan mejorar su desempeño político-criminal”.

Sostiene que la publicación de las cifras sirve como herramienta “para fortalecer el control ciudadano y el debate democrático”.

“Esta falta de transparencia activa (no publicar) y pasiva (no responder pedidos de acceso a la información) es una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”, afirmó al catalogar la situación como un “apagón informativo”.

“Es necesario que los MPF incorporen esta preocupación y asuman con seriedad el deber que tienen en el marco de un sistema democrático que les asigna funciones fundamentales, en un momento en donde el efectivo cumplimiento de la prohibición de autotutela puede correr riesgo ante la ineficacia de las fiscalías. Se trata, en última instancia, de contribuir a la pacificación y a la consolidación de las democracias en nuestro país”, completó.

EL CHORRILLERO