Cómo sigue la megacausa por narcotráfico que tiene a dos organizaciones involucradas con 32 imputados por ahora

Son 19 las personas que fueron procesadas con prisión preventiva por comercializar estupefacientes y conformar una organización para llevar adelante ese delito. Son dos, con sus estructuras propias y roles establecidos, pero están acusadas de haber trabajado en coordinación para introducir la cocaína a San Luis y distribuirla en gran escala en Villa Mercedes.

De ese total, 17 están en el Servicio Penitenciario Provincial, y dos (son mujeres) con arresto domiciliario. Entre ellos están los líderes de las bandas incriminadas: el que manejaba el negocio de la cocaína en Villa Mercedes, Diego “El Gaucho” Funes, y el que la traía desde Buenos Aires tras comprarla a un cártel peruano, Juan Carlos Insúa (junto a su socio, Raúl Ramayo). Estos tres son señalados como los jefes.

Funes lideraba un clan familiar porque eran parte de su grupo su esposa, que era la mano derecha y manejaba el dinero, su suegra, sus cuñados y su hermano. Tenía revendedores que cayeron con él, en los allanamientos del 21 de mayo pasado. Y otros fueron capturados meses antes.

Del equipo de Insúa son otros seis los que están encarcelados. Dos mujeres (una de ellas está detenida desde el año pasado con él) y cuatro hombres. Uno es su hijo, Juan Cruz Insúa, quien fue apresado en Escobar, provincia de Buenos Aires, donde administra una concesionaria familiar. Él es señalado de proveer vehículos a personas para que vendan la droga en suelo sanluiseño. También fue indicado por traer el material estupefaciente algunas veces a Villa Mercedes, y entregarlo a Funes.

Insúa entraba la droga a San Luis, por la localidad turística de Merlo. Se vendía ahí y en localidades vecinas como Carpintería y Santa Rosa del Conlara.

De los seis kilos de droga que Insúa transportaba desde Buenos Aires e ingresaba por la ruta 7 a la Villa de Merlo, casi la totalidad iba para Villa Mercedes, porque Funes era el cliente más grande que tenía.

El número de la plata que manejaron por lo menos en 6 meses se calcula del precio que tenía el kilo de cocaína para el consumidor: 15 millones de pesos el ladrillo de 1000 gramos. Es decir, una ganancia de 90 millones a la semana y de 360 millones al mes. Si se agrupa en seis meses el total se eleva a los 2160 millones.

La Fiscalía Federal los investigó por más de 6 meses, y ahora tiene en análisis por lo menos 50 teléfonos celulares, que podrían abrir aun más el abanico de los implicados. Hasta ahora los imputados son 32.

Hay por lo menos 11 personas que están en libertad y que tienen que ser indagadas para que el juez Federal determine cómo seguirá la situación procesal de cada uno. Hay revendedores y otros con algún tipo de vinculación con Funes e Insúa.

También, hay dos prófugos, que serían de la banda de Funes.

Funes, Insúa y Ramayo seguirán tras las rejas en el Servicio Penitenciario Provincial, en la ciudad de San Luis, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización, y agravada por haber intervenido en los hechos tres o más personas organizadas para cometerlos (contemplados en el artículo 7 de la ley 23.737, en relación los artículos 5, inciso ‘c’, y 11, inciso ‘c’). La conducta que desplegaron tiene una pena que va de 8 a 20 años de prisión. El procesamiento que firmó el juez Juan Carlos Nacul salió hace una semana, y tiene alrededor de 80 páginas.

Solo uno de los procesados de la organización de Insúa apeló el procesamiento: el empleado de Aerolíneas Argentinas que está involucrado en el transporte de la droga y del dinero que era producto de la venta, Edgardo Gabriel Ávila. 

EL CHORRILLERO