El jefe de la Policía de la Provincia de San Luis, Pablo Vieytes, se presentó en conferencia de prensa para dar detalles sobre el informe que elevó al ministerio de Seguridad sobre las estadísticas relacionadas al delito y todo lo ocurrido en los últimos seis meses en materia penal y las escasas respuestas que ofrece la Justicia para terminar con el flagelo de la delincuencia. Estuvo acompañado por Rafael Berruezo, director de Relaciones Institucionales de la cartera que conduce Nancy Sosa.
El jefe de la Policía de San Luis, Pablo Vieytes, ofreció una conferencia de prensa junto con Rafael Berruezo, director de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad. Ambos elevaron críticas a la actuación del Poder Judicial en la mayoría de los casos en los que deben resolver situaciones procesales de delincuentes que cometen ilícitos una y otra vez y no son castigados como lo dicta el Código Procesal Penal, y tampoco aplican la Ley de Reiterancia que promulgó la Legislatura a pedido del gobernador Claudio Poggi.
“Un total de 1.169 personas fueron detenidas por delitos flagrantes y puestos a disposición de las fiscalías en la órbita judicial. De todas ellas, solo a 188 se les dictó la prisión preventiva, el resto recuperó la libertad en 24 o a lo sumo 48 horas, los menos en 72 horas, por lo que la ciudadanía requiere una respuesta. Yo soy la voz de la Policía, que está volcando todos los recursos humanos y logísticos para combatir y prevenir el delito”, arrancó Vieytes, quien aseguró que “no guardamos nada, no escatimamos nada, estoy hablando con la verdad desnuda. Estos son datos y no relatos. Datos que también tiene la Fiscalía”.
El jefe policial recordó que el fiscal, de acuerdo a la figura establecida en la reforma del Código de Procedimiento, “es el director técnico de la investigación, es la persona que la dirige. La Policía tiene dos funciones, una preventiva, a la que tenemos que apostar; y otra como auxiliar de la Justicia. Si sólo dictaron prisión preventiva a 188 de 1.169 detenidos, significa que apenas un 16,8% terminó en la cárcel. Pero la prisión preventiva es una medida provisoria que puede durar hasta 120 días, no determina una condena”.
Rápidamente pasó a dar ejemplos, por supuesto sin citar nombres propios. Juan Pérez, que es un término vulgar y cotidiano que utilizamos todos los ciudadanos, fue detenido el 12 de octubre de 2024 por el delito de robo en grado de tentativa. Se lo puso a disposición de la Fiscalía, que el mismo día ordenó el despacho y libertad. El 13 de octubre, Juan Pérez, cometió un robo calificado por escalamiento en grado de tentativa. Otra vez quedó a disposición de la Justicia, que el 15 de octubre resolvió dictarle una prisión preventiva por 20 días. El 7 de noviembre, cumplida la prisión preventiva, cometió un delito, no contra la propiedad, sino contra las personas, de lesiones y resistencia hacia la autoridad policial y la Justicia le dictó una prisión preventiva nuevamente por 30 días. Cumplido el plazo, el 10 de diciembre, cometió un robo en grado de tentativa, entonces la Justicia, el 13 de diciembre, tres días después, ordenó el despacho y libertad. El 15 de diciembre, el señor Pérez cometió otro robo en grado de tentativa. Y el 16 de diciembre, la Justicia dictó el despacho y libertad. Y el 2 de febrero de 2025 cometió un hurto calificado en grado de tentativa. Y el 3 de febrero, al otro día, la Justicia le dictó el acto de despacho y libertad”, enumeró Vieytes.
“La Policía de San Luis cumple con su función. ¿Hay delitos? Sí, claro, porque el delito cero no existe en ningún lugar del mundo. ¿Luchamos para bajar los índices delictivos, para prevenir y para tratar de dar respuesta a la ciudadanía? Sí, todos los días. Ahora, ¿Qué explicación le puedo dar a un efectivo policial que recién egresa del Instituto o de una etapa de formación en la cual soy docente hace 22 años, que fue alumno mío y que dictándole materias en la teoría le hago conocer que una persona que cometió delito es detenida, puesta a disposición de la Justicia, que tenga un plazo de 24 horas, que el fiscal puede solicitar 24 horas más para hacer la imputación de cargo y ponerlo a disposición de un juez de garantía, pero que antes de que él termine el expediente ese sujeto está en libertad? Esto desmoraliza a la institución y no le estamos dando respuesta a la ciudadanía que reclama y sufre día a día los avatares delictivos”, agregó el titular de la Policía.
Aseguró que, si bien a veces se trata de menores de edad, en la mayoría de los casos estaba citando delitos cometidos por mayores, ya que los menores tienen un régimen especial, donde interviene el fuero juvenil. “Estoy citando claros y específicos ejemplos de personas mayores de edad y con registro de antecedentes conocidos”, aclaró.
A su turno, Rafael Berruezo, funcionario del ministerio de Seguridad, reconoció que la Justicia “evidentemente, tal como lo acabamos de escuchar, no están aplicando la Ley de Reiterancia que se incorporó el año pasado al Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué? No lo sé, tal vez los fiscales no tengan la versión actualizada del Código”, deslizó con cierta ironía no exenta de frustración, la misma que traslucía Vieytes.
Consultado sobre si el problema es el sistema garantista que a veces impera en la Justicia, aseguró que “esto no es garantía, porque garantías tenemos todos, y la Constitución establece y nos baja línea en cuanto a las garantías de todo el proceso. Acá el problema es la ineficiencia del sistema directamente, ya excede lo que puede decirse como garantismo. Y si vamos a hablar de (Raúl) Zaffaroni, era un juez abolicionista, no garantista, es decir que pregonaba la eliminación del derecho penal, la inexistencia de delitos”.
Según Berruezo, el Servicio Penitenciario estaría preparado para recibir a las 1.169 personas que cometieron un delito en los últimos seis meses, no es un problema de plazas carcelarias. “La Justicia no puede decir que dejan de aplicar preventivas porque van a llenar la penitenciaría de presos. Debe cumplir su función. Después le tirás la pelota al Ejecutivo para que mejore, si es que hace falta”, dijo.
Y en cuanto a una posible reunión con el Superior Tribunal de Justicia para examinar este tipo de problemas que afectan a toda la sociedad, el funcionario aseguró que “las puertas del ministerio de Seguridad, incluso las del despacho de Nancy Sosa, están siempre abiertas para el Poder Judicial. Si ellos no vienen, no quieren venir a hablar, nosotros estamos golpeando su puerta. Con estos 1.169 casos le estamos golpeando la puerta”.
Finalizó diciendo que “hay que trabajar en conjunto, Ministerio Público, Policía de la Provincia, trabajar coordinadamente, pero si no vienen a preguntar cómo podemos solucionar esto, que es un problema de todos… Bueno, que hagan una modificación en el Código, pero que vengan ellos. Yo también he sido víctima de robo en mi casa. Me he preguntado por qué si a veces están bien hechos los sumarios, el procedimiento y demás, ellos dicen que no, que por eso los dejan en libertad. Está claro que se podría iniciar algún tipo de juicio por incumplimiento, al menos en casos muy paradigmáticos como el que ocurrió hace poco, cuando se pidió el allanamiento para un geriátrico, y dijeron ‘vamos mañana’, porque eran las 8 de la noche. Eso creo que habilitaría mínimamente a una investigación para un jury de enjuiciamiento”.
Vieytes, en tanto, retomó la palabra para criticar el exceso del dictado de prisiones domiciliarias. “En términos operativos, para la Policía significa desgaste, insumo de recursos mal utilizados que le tengo que restar a otras áreas, como por ejemplo acciones preventivas para la comunidad en general, y todo para brindarle garantía y seguridad a un sujeto en particular. En números, para poner un simple ejemplo, una sola consigna, con un efectivo por turno, me significan cuatro efectivos policiales, porque no lo puedo tener más de ocho horas. Necesita ir al baño, saciar sus necesidades. No lo puedo poner en un espacio físico de esos que nosotros policialmente llamamos zonas calientes”.
De todas maneras, Berruezo dejó en claro que no todos los fiscales trabajan mal. “Cuando fue el hecho en Cortaderas, del policía que lamentablemente murió en un enfrentamiento, llegué a Cortaderas 11 de la noche. El fiscal estaba en la comisaría, en la cocina, con su computadora, trabajando a dos manos, haciendo órdenes de trámite. Yo me volví de Cortaderas a las 4 de la mañana, hablé con él a las 12 del mediodía y él seguía en la comisaría. Esos son los fiscales que San Luis necesita. No el que lo llama a las 8 de la noche y te dice que va a ir mañana”.