El Ejecutivo impulsó muchos proyectos que contaron con el aval de la Legislatura

 Para respaldar jurídicamente cambios y políticas que buscó desarrollar de entrada, el gobernador Claudio Poggi envió a la Legislatura provincial varios proyectos de ley, que con más o menos apoyo, fueron convirtiéndose en normas que ya rigen en San Luis y cuentan con fuerte respaldo de la sociedad. 

Uno fue el proyecto de ley de Adhesión al decreto de necesidad y urgencia 62/19 del Poder Ejecutivo de la Nación ‘Régimen Procesal de Acción Civil de la Extinción de Dominio’, que apuntó a la recuperación de bienes provenientes de delitos. Aplica para ilícitos de criminalidad organizada, por ejemplo, las acciones contra la administración pública (corrupción).

Otro fue el que creó la ‘Comisión de Análisis del Sistema Electoral Vigente en la Provincia de San Luis y Protocolo de Traspaso de Mando’, que brindó sus conclusiones, consensuadas con la oposición que también participó de las reuniones e hizo sus aportes. De allí surgió una reforma que, en sus puntos más salientes, terminó con la Ley de Lemas e instauró la Boleta Única Papel, que ya regirá en las próximas elecciones.

Otro proyecto aprobado fue la ‘Suspensión de la vigencia de la Ley N° V-1081-2022 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes”, que suspendió por un año la Ley N°1081, a la que San Luis adhirió en 2022, para que parte de los delitos de lucha contra el narcotráfico sean investigados por la Justicia provincial. En realidad, en San Luis nunca se aplicó, y el Gobernador apunta a su suspensión porque las estadísticas señalan que en las provincias que sí la han implementado, los resultados no han sido favorables por una falta de coordinación en las pesquisas, que no permitió sancionar a los grandes narcotraficantes.

La Legislatura también dio el visto bueno para el regreso de San Luis al Consejo Federal de Inversiones (CFI). Esta decisión está en sintonía con la política que la actual gestión lleva adelante en materia de desarrollo productivo, para impulsar el crecimiento y la consolidación del sector privado.El Gobernador Poggi descartó los decretos, prefirió siempre que sus proyectos los refrende la Legislatura provincial.Si bien la primera licitación resultó desierta, es firme la voluntad de vender el edificio donde funciona la Casa de San Luis, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con ese dinero, el Gobierno planea encarar parte de los gastos de reacondicionamiento del Policlínico Regional ‘Juan Domingo Perón’ de Villa Mercedes, que la actual gestión encontró en pésimas condiciones. Aún sin concretar la venta, esos arreglos ya comenzaron con dinero que aporta el Estado provincial.

El Ejecutivo también logró que le aprobaran la derogación de la Ley de Parajes, a la que considera contraria a la Constitución Nacional. “Establece que personas condenadas puedan desarrollar, en una especie de libertad anticipada, proyectos productivos y/o económicos en parajes de San Luis con la sola autorización del Gobierno provincial, dejando desdibujada la figura del juez de ejecución penal, quien es el responsable y encargado del cumplimiento de la pena impuesta al ciudadano”, explicó el Primer Mandatario cuando anunció el proyecto.

Finalmente espera por la eliminación de la feria judicial, a la que Poggi consideró un “privilegio del Estado”. “El derecho de acceso a justicia de los ciudadanos se contrapone con la paralización del Poder Judicial por un mes y medio”, afirmó el Gobernador, quien cree que ese lapso tan prolongado de suspensión de los plazos procesales afecta de modo directo la eficiencia del servicio.


Agencia San Luis