Antes de emitir el veto por jubilaciones, Milei busca apoyo en diputados dialoguistas
- 30/08/2024 20:38 hs
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El texto para frenar la nueva fórmula de movilidad estaría listo, pero se publicaría recién el lunes. En Casa Rosada, el presidente se reúne con referentes de LLA y del PRO.
Con el texto casi listo para aplicar un veto total a la nueva fórmula movilidad jubilatoria aprobada en el Senado, el presidente Javier Milei recibe este viernes por la noche a referentes del bloque oficialista y de los denominados “dialoguistas” en Diputados.
La intención del mandatario es llevar adelante una negociación para que el veto no sea rechazado por una mayoría en el Congreso.
Desde las 19, comenzó el desfile de autos en el ingreso a Casa Rosada, en los que arribaban representantes de La Libertad Avanza y del PRO.
Si bien el texto del veto estaría terminado, la reunión busca enviar una señal de fortaleza y una salida negociadora con el congreso.
El documento se conocería recién el lunes de la semana entrante.
Milei anticipó un veto “total”
Horas después de aprobarse la medida en Senado, el preside Milei la calificó de “atentado” contra su Gobierno y tildó de “irresponsables” a los legisladores que apoyaron la iniciativa que, según sus cálculos, le costará al país 370 mil millones de dólares.
“El daño que se está causando con esto no es menor, los irresponsables le han costado al país 370 mil millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza e indigencia a los jóvenes. Es un atentado directamente contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros, es la ruina del país”, sostuvo Milei en diálogo con LN+.
“El daño que se está causando con esto no es menor, los irresponsables le han costado al país 370 mil millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza e indigencia a los jóvenes. Es un atentado directamente contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros, es la ruina del país”, sostuvo.
“Lo que hay que tener en cuenta es el error conceptual y perjudicial que es esto para los argentinos. Nos parece una irresponsabilidad por parte del Congreso hacer algo así, estaría condenando a los argentinos sin remedio”, insistió el mandatario.
“Están los videos que muestran a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Miguel Ángel Pichetto, cuando deciden vetar el 82% móvil. Con las mismas personas que incrementaron los jubilados sin aportes, sumaron 3,5 millones de personas, que tienen 1 millón de pensiones truchas… Es una contradicción y un agujero negro en términos fiscales”, dijo.
En tanto, siempre para justificar el veto, manifestó que el costo de esta ley será “de acá a la eternidad”, y desglosó que en una economía con una tasa de 5% implicaría que subió 24 puntos del PBI la deuda, o sea, “toda la deuda externa de la Argentina”.
Dijo, entonces, que todas estas explicaciones las dará si el Congreso insiste con 2/3 para que la ley quede firme pese al veto, y adelantó que en Balcarce 50 trabajan en un nuevo bono para jubilados en septiembre.
Los cambios que introduce la nueva ley de movilidad
La flamante ley aumenta mensualmente las jubilaciones por IPC (Índice de Precios al Consumidor), tal como estableció el Poder Ejecutivo por decreto. Pero además, fija por única vez una compensación del 8,1% para sumar al 12,5% ya otorgado por el Gobierno por DNU, y de esa forma alcanzar el 20,6% de inflación registrada en enero. El Gobierno buscaba que el incremento fuera a partir de la sanción de la ley y no de forma retroactiva.
Asimismo, se establece un aumento extra para las jubilaciones si los salarios crecen más que la inflación, algo pensado para un escenario de crecimiento económico. El incremento será equivalente al 50% de la variación del RIPTE por sobre el IPC. El radical Zimmermann propuso bajarlo al 25%, pero el cambio no prosperó.
La norma también establece que el haber mínimo debe ser equivalente a 1,09 canastas básicas totales calculadas por el Indec, esto es, entre $ 315 mil y $ 320 mil a valores de julio. Zimmermann pidió, sin éxito, “dejar para más adelante” ese artículo.
Asimismo, se instruye a la Anses a cancelar, con los recursos tributarios que tengan asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas de la Nación con las cajas provinciales no transferidas (como la de Córdoba) y los juicios de jubilados con sentencia firme.