Se aprobó la creación de una comisión para analizar una posible reforma constitucional

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de una Comisión de Análisis y Conveniencia de una Reforma de la Constitución provincial. Este proyecto, que fue enviado a la Legislatura por el Ejecutivo provincial, busca la evaluación de posibles modificaciones a nuestra Carta Magna, que está próxima a cumplir 38 años desde su última reforma integral.

Lo que propone el Gobierno con esta comisión es hacer una evaluación consensuada de una reforma, para actualizar la Constitución, adaptarla a los cambios de paradigmas, a los reclamos de una sociedad diferente y alinearla a la última modificación de la Constitución Nacional, que otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

La diputada Marisa Patafio del bloque Unidos por San Luis recordó que la última gran reforma a la Constitución de San Luis se hizo en el año 1987 y consideró que habilitar la discusión sobre si es o no conveniente modificarla “es sano”. “En esa oportunidad se estableció la reelección indefinida del Gobernador. No es casual que durante estos últimos 40 años haya habido siempre un poder político del mismo partido, y consideramos que esa reforma tiene que haber influido bastante sobre este tema”, indicó.

La Comisión estará integrada por representantes de ambas cámaras legislativas y miembros del Poder Ejecutivo. Además, podrá convocar a partidos políticos, miembros del Poder Judicial, legisladores nacionales, provinciales y municipales, intendentes, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales y universidades públicas y privadas.

Algunos de los principales temas que tratará este organismo son la posibilidad de tener sólo una sola cámara legislativa, alargar la periodicidad de las elecciones provinciales para que sean cada cuatro años y no cada dos -como sucede actualmente-, la implementación de un sistema de capitales alternas y ampliar el periodo de sesiones legislativas. También se propone analizar la incorporación de una ‘cláusula de consanguinidad’ para el ejercicio del Poder Ejecutivo para evitar que una familia se perpetúe en el poder, y la limitación de las facultades del Poder Ejecutivo en la designación de magistrados.

El plazo que se propone para que la Comisión lleve adelante su cometido es de 120 días corridos a partir de la entrada en vigencia de la ley, pudiendo ser prorrogado por 60 días más.

AGENCIA SAN LUIS