“Con la Ley de Extinción de Dominio van a ir presos los que tengan que ir y devolverán lo que se robaron”

“La Extinción de Dominio es un proyecto de ley que presentó el gobernador Poggi el 1º de abril, lo anunció en la Asamblea Legislativa y ya ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia, de modo que esperamos que en los próximos días empiece a ser tratado en comisión, presumo que en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en otras que estén vinculadas a esto que pretende ser una ley que cambie la cultura política en la provincia de San Luis”, anticipó Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión, quien dio detalles de cómo se gestó esta herramienta que brindará una respuesta eficaz a la demanda de la sociedad de procurar la restitución del patrimonio mal habido, de recuperar para el dominio del Estado los bienes que han sido malversados y, en otra arista destacada, desalentar el enriquecimiento patrimonial de funcionarios que acceden a cargos públicos, ya que prevé castigos penales que incluyen la inhabilitación y hasta la prisión efectiva.

“Es un gran trabajo en equipo que nos pidió el gobernador Poggi a mediados de diciembre. Hacía una semana que habíamos asumido y ya estábamos trabajando en este tema, tomando como punto de partida un proyecto presentado por el diputado ‘Charly’ Pereira el año pasado en la Legislatura”, recordó Bazla, y agregó: “Nos pidió que hiciéramos una ronda de conversaciones en el ámbito del Gobierno, tal es así que mantuvimos varias para analizar este proyecto de ley con el Escribano General, con el ministro de Gobierno, con la secretaría Legal y Técnica y con distintos abogados notables, notorios, que integran el Ejecutivo provincial. Y una vez que consensuamos dentro del gobierno el proyecto de ley, abrimos la ronda de consultas a distintos colegios profesionales”.

La consulta incluyó colegios de abogados, tanto de San Luis como de Villa Mercedes, de escribanos, dirigentes políticos, el Colegio de Agrimensores, todas instituciones y profesiones que de una u otra manera están vinculadas a este tema y que pudieran hacer aportes sustanciales a la redacción final del texto de la futura ley. Bazla agregó que también tuvieron conversaciones con “el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, porque los contadores, los administradores de empresas, los profesionales en esta materia tienen mucho que ver con lo que pretende el Gobernador, que no es otra cosa que empezar a recuperar los bienes que se llevó la corrupción”.

“Cuando hablamos de un hecho de corrupción, hablamos de un funcionario público que se ha quedado con lo que no le pertenece, con lo ajeno. Lo ajeno hay que devolverlo. No corresponde bajo ningún punto de vista que nadie, y menos un funcionario público, se quede con dinero que no le corresponde. Esto es lo que pretende la Ley de Extinción de Dominio”, enfatizó Bazla.

Una ley aplicable con retroactividad y que no prescribe

El funcionario aclaró que la Ley de Extinción de Dominio no es una adhesión al DNU 62/2019, firmado por el ex presidente Mauricio Macri que le permite al Estado recuperar bienes vinculados a delitos, como la corrupción y el narcotráfico, sin necesidad de que exista una condena penal, como sí ocurre con el decomiso.

“Es totalmente distinta. Esta ley que vamos a tener en la provincia de San Luis pronto va a ser la segunda de este tipo en la República Argentina. Y es una ley que responde a estándares o parámetros internacionales que tienen que ver con las convenciones internacionales contra la corrupción”, aseguró Bazla.

“Estos puntos de partida del derecho internacional son los que nos han servido para establecer dos aspectos centrales: la retroactividad y la imprescriptibilidad”, dijo, y citó un ejemplo: “Esta ley puede ser aplicada aunque el hecho se haya producido el año pasado, o hace tres años, o hace cinco. Eso es retroactividad, es decir, no es una ley que va a regir de acá en adelante, sino que rige de acá en adelante y también para atrás”.

“San Luis va a ser la segunda provincia del país en tener una ley de extinción de dominio”

Además del Decreto de Necesidad y Urgencia de 2019, hay un antecedente más reciente y cercano a la provincia, que es el de Mendoza. En un fallo histórico, el 5 de febrero de 2021, la Justicia mendocina resolvió despojar de parte de sus bienes al exintendente de la localidad de Guaymallén, Luis Lobos, y su esposa, Claudia Sgró. Se trató del primer juicio bajo la figura de extinción de dominio en el país en el que un exfuncionario es condenado y pierde su patrimonio al no poder justificar el origen.

“Es la primera provincia que tiene una ley de extinción de dominio. Nosotros vamos a ser la segunda”, vaticinó Bazla, y contó: “Esa ley le permitió a los mendocinos recuperar gran parte de los bienes que había adquirido este intendente corrupto. Y que eran bienes de todos los mendocinos que pasaron a ser parte del patrimonio de este intendente que creyó que lo ajeno era propio. Bueno, acá va a ocurrir lo mismo. Todos los funcionarios que hayan pasado por la provincia de San Luis y que pasen en el futuro y crean que el patrimonio del Estado es propio, van a ser sometidos a esta ley que es una herramienta muy fuerte que le estamos dando a los jueces para que puedan actuar. Y que no solo vayan presos los que tienen que ir presos, sino que también devuelvan lo que se han robado”.

“Por otro lado, no es una ley que prescriba, es decir, que no importa cuándo se produjo el hecho de corrupción. Si se produjo hace diez años, se puede aplicar sin ningún inconveniente. Es decir, no hay un plazo. Son hechos imprescriptibles. Así como se habla o está definido internacionalmente que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Por ejemplo, si se descubrie hoy un hecho de corrupción producido hace treinta años, esta ley se podrá aplicar sin ningún inconveniente”, argumentó.

Ni herederos, ni testaferros
Sobre cómo se llevará a cabo la aplicación de la ley en la práctica, el secretario de Ética Pública y Control de Gestión contó que va a aplicar “lo que se llama el criterio de la realidad económica. ¿Qué significa? Que si yo mensualmente gano 500.000 pesos, no puedo tener un nivel de vida de $50 millones. Entonces, si yo gano $500.000 y de repente aparezco con una camioneta nueva, con una mansión impecable, con propiedades alrededor del dique de La Florida, con motos, con vehículos y me ando paseando por las calles de San Luis mostrando las motos o las camionetas nuevas que tengo, haciendo ostentación cuando hasta hace dos años trabajaba en un delivery, bueno, algo pasó. Ese es el criterio de la realidad económica”.

Y fue más allá: “La casa en La Florida o en el Potrero puede estar a nombre de una señora que fue empleada doméstica. Puede estar a nombre de un primo, de un tío, de un sobrino, lo que sucede habitualmente. Pero, aunque haya ese traspaso pretendido, simulado de legalidad, esas personas deberán demostrar cómo lograron con sus ingresos tener esas propiedades a su nombre. Digo, fue por una compra, fue por una donación, fue por una sucesión. Esta ley tiene algunas particularidades muy interesantes. Por ejemplo, si un señor que fue un funcionario corrupto tiene una gran propiedad y luego ese señor fallece, esos bienes no pasan a sus herederos. Porque el problema acá está en el cuestionamiento del origen. ¿Cuál fue el origen? El origen es ilícito, ilegal. Entonces, si ese origen de la propiedad es ilegal, por más que lo done, lo venda o fallezca y pase a los herederos, sigue siendo ilegal y el Estado lo tiene que recuperar para todos los sanluiseños”.

Bazla concluyó con una reflexión: “Tenemos que lograr una provincia normal, alejada de todo acto de corrupción. Entonces, estamos en la construcción de todas estas herramientas que le permitan a los jueces de San Luis recuperar estos bienes de la corrupción para que tengamos una administración pública normal y que nadie se lleve lo que no le corresponde”.


Agencia San Luis