Se cumplen 28 años del atentado a la Fábrica militar de Río Tercero

A lo largo de todos estos años, el pueblo riotercerense fue tejiendo diversos entramados para exigir justicia y reparación. 

Esquirlas, trotyl, espoleta, polvorines; palabras que cobraron otro significado en cada una de las personas que, el 3 de noviembre de 1995, estábamos en la ciudad de Río Tercero, cuando el horror se manifestó en el cielo con forma de hongo gigante y el ruido de la explosión se convirtió en una señal de alarma que resuena hasta hoy.

De lo sucedido, hay innumerables testimonios, pruebas del delito, relatos individuales y colectivos, documentales y una necesidad latente de resignificar la tragedia con el paso del tiempo. 

El 3 de noviembre de 1995, la Fábrica Militar de Río Tercero explotó. Murieron 7 personas y hubo más de 300 heridos, además de los incontables daños materiales. La Justicia determinó que fue un atentado para encubrir la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, durante el gobierno de Carlos Menem.

Pasaron 19 años y, en el 2014, el Tribunal Oral Federal n.° 2 de Córdoba condenó por estrago doloso seguido de muerte a Edberto González de la Vega, coronel retirado y director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares, a 13 años de prisión; a Carlos Franke, coronel retirado y director de Producción de Fabricaciones Militares, a 13 años; a Jorge Antonio Cornejo Torino, coronel retirado y director de la Fábrica Militar de Río Tercero, a 13 años; y a Marcelo Gatto, mayor retirado y jefe de la División Producción Mecánica, a 10 años. 

El expresidente Carlos Menem fue el único imputado que quedó sin juzgar. Debía afrontar un juicio oral y público, pautado para el 24 de febrero del 2021, y su fallecimiento unos días antes dio lugar a la extinción de la acción penal y el sobreseimiento por muerte.
“Ese día, salí de mi casa a las 6 de la mañana. Trabajaba en una casa de familia y tenía que llevar los chiquitos al colegio Saavedra Lamas. Llevé a la nena que entraba a las 8, preparé al nene que entraba a las 8:55 y cuando íbamos a salir, sentimos un ruido muy, muy fuerte. Se había cortado la luz, se movían las persianas y se sentía mucho calor. Volví al colegio y me encuentro con que tenía todos los vidrios rotos. Se me reventó el oído derecho, me salía líquido y me dolía la cabeza. Era impresionante la cantidad de gente que corría ensangrentada. Veía muchas cosas que caían y, en mi ingenuidad, me parecían que eran maderitas que largaban humo. Me quería ir a mi casa por mis hijos y cuando llegué, no había nadie. A las tres y media de la tarde, me encontré con tres de mis hijos a la orilla del río. Me faltaba uno. Recién el lunes me pude comunicar con él, estaba en Embalse con una familia. El 23 de noviembre a la noche tuvimos una reunión con Defensa Civil que nos aseguró que no pasaba más nada y que ya se habían llevado todo. Nos mintieron. El 24 empezaron de nuevo las explosiones, se escuchaban estruendos y la tierra se movía en ondas. Fue muy terrible, salimos a buscar a nuestros hijos de nuevo”, relata Alicia Almuna.

El Estado pagó daños materiales, indemnizaciones por las muertes y lesiones, pero hay otra deuda pendiente que es la que viene reclamando la Comisión de Damnificados desde el año 1997.

En diálogo con Oscar Roberto Gigena , integrante de la Comisión, nos cuenta que conoció a Mario Ponce el 6 de noviembre -que en ese momento era abogado de la Asociación Trabajadores del Estado- y, desde ese día, empezaron a trabajar en conjunto. Hacían de cuatro a seis reuniones semanales en distintos barrios y así fueron recorriendo toda la ciudad, fortaleciendo la organización colectiva: algunos integrantes ya no están y siempre los tenemos presentes en nuestra lucha, están ahí caminando a nuestro lado, comparte.
“La segunda explosión, desde el punto de vista sociológico y psicológico, fue peor, ya que sabíamos lo que había ocurrido el 3, realmente fue muy fuerte. A partir de ahí, se hacen varias reuniones hasta que, cerca de fin de año, se resuelve poner en marcha una demanda por daño moral y psicológico, la cual no había sido contemplada en ninguno de los decretos presidenciales. Así empezó esta gran historia triste y fue creciendo el volumen de personas hasta que se resolvió crear una comisión conocida como la Comisión de Damnificados para llevar adelante lo que hemos venido sosteniendo en todo este tiempo; para hacer justicia de alguna manera y dejar un mensaje bien claro: la única lucha que se pierde es la que se abandona”, expresa Oscar Gigena.

El 16 de septiembre de 2015, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.179 que implica el pago de resarcimientos por daños morales y psicológicos a ocho mil personas patrocinadas por el abogado Ponce. La suma de ese pago asciende a unos 24 mil millones de pesos.

La Comisión de Damnificados se trasladó hasta la capital del país el 6 de septiembre pasado, para manifestarse frente al Ministerio de Defensa y concurrir a una audiencia con el Titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Héctor Mazzei. Le presentaron un petitorio con la intención de que se destrabe la causa y se operativice el pago de las indemnizaciones antes de que termine este año. 
Durante el miércoles y jueves de esta semana, la Comisión estuvo realizando un acampe en plaza San Martín y hoy a las 18:30 h realizará un acto de conmemoración con una intervención artística producida por Juli Albornoz Tresca, quien propondrá un homenaje a todo el pueblo trabajador de Río Tercero desde la disciplina teatral de la estatua vivie

La tinta