Mariano Barrera, jefe del programa Derechos y Garantías, en diálogo con LV 15 dijo que el jueves pasado, el Superior Tribunal de Justicia le notificó al gobierno provicial que suspendió la decisión de la jueza María Eugenia Bona, favoreciendo la continuación de las obras públicas en San Luis.
Manifestó que la medida cautelar dictada por la magistrada perjudicó a empresas, obreros y proveedores que debieron detenero por diez días todas las actividades. Todas estas obras son financiadas con fondos nacionales y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), teniendo un plazo que cumplir y que una vez vencido la provincia pierde todo ese dinero.