“San Luis necesita un Gobierno y legisladores responsables"

La  Cámara de Senadores de San Luis modificó este martes un artículo de la Ley de Presupuesto 2023 y le dio media sanción luego el mismo se giró para el análisis y posterior debate en la Cámara de Diputados algo que no sucedió debido  a la falta de quórum.
 

La diputada Eugenia Gallardo reclamó la responsabilidad a los diputados del oficialismo que seguún sus declaraciones promueven la sanción de una ley para que Alberto Rodríguez Saá pueda nombrar nuevos empleados en la administración pública con la excusa de contratar trabajadores del Plan de Inclusión Social “no les va a dar solución a su situación actual, ni futura y lo que es peor, genera una enorme fragilidad fiscal" remarcó la diputada . 

El comunicado completo
“San Luis necesita un Gobierno y legisladores responsables
La media sanción al proyecto de Ley que ayer le dio el Senado al Ejecutivo Provincial, no tiene por objetivo contratar a beneficiarios del Plan de Inclusión, se trata de una ley que busca habilitar al Gobernador y a sus ministros a incorporar a su voluntad, a cualquier persona al estado, sin ningún tipo de límites, controles, ni restricciones.
Con la excusa de querer beneficiar a personas del plan de inclusión social, pretenden aprobar de manera express también en la Cámara de Diputados, una ley que es inconstitucional, llevándose por delante los principios republicanos. Es una ley que le quita al Poder Legislativo la función de control al Poder Ejecutivo.
Esta ley viola el Art. 8 y el Art.92 de la Constitución Provincial, porque no prevé la fuente de financiamiento del gasto. El proyecto que viene con media sanción del senado no establece la cantidad de máxima de personal a incorporar a la administración pública provincial, a tres meses de que este Gobierno termine su mandato.
Es absolutamente comprensible la preocupación de los beneficiarios del plan de inclusión por esta situación, pero tienen que saber que esta Ley es inconstitucional; no les va a dar solución a su situación actual, ni futura y lo que es peor, genera una enorme fragilidad fiscal, que pone en riesgo real el normal funcionamiento del estado, el pago de médicos, de docentes, de policías, de medicamentos, etc.
La Ley tampoco soluciona el problema de aquellas personas que ya firmaron contratos en estos meses, porque no tiene efecto retroactivo sino hacia futuro, por lo que esos contratos no son válidos y los funcionarios que los engañaron y los hicieron firmar esos contratos cometieron fraude, porque sabían que no tenían el sustento legal correspondiente y deberán responder en la justicia y con sus propios bienes por ese hecho.
A mis colegas diputados del oficialismo, les pido responsabilidad, que obren responsablemente, como diputados deben representar al pueblo, no salir en defensa de las mentiras, las ilegalidades y los abusos de los funcionarios del ejecutivo provincial.
A los colegas Diputados oficialistas les queremos advertir que, de aprobar esta ley, será declarada nula de forma inmediata por la Justicia.
Por los últimos 3 meses en paz.
Basta de abusos, basta de mentiras”.