Aseguran que no hay ningún pedido para que dos menores imputados por el homicidio de Diego Gatica sean trasladados a un correccional

De los seis imputados por el homicidio del oficial de policía Diego Gatica, tres son menores. Dos de ellos tienen 17 años y están con prisión domiciliaria por 60 días. Son sospechosos de participar directamente en el hecho.

La abogada de ambos, Nadia Agúndez aseguró este martes que no hay por el momento ninguna orden que modifique el modo de detención que dispuso el Tribunal de Impugnaciones de la Primera Circunscripción el 14 de septiembre.

Desde entonces, los dos jóvenes están cumpliendo la medida coercitiva en sus domicilios. Uno bajo la tutela de un progenitor y el otro de una tutora. La fiscal María del Valle Durán pidió que se arbitren los medios para que los acusados tengan clases de manera virtual.
Por su parte, el defensor de Niñez, Adolescencia e Incapaces N° 1, Sebastián Privitera pidió que la supervisión de la prisión domiciliaria estuviera a cargo de organismos especializados o que tengan conocimiento de minoridad, de niñez y adolescencia con perspectiva de infancias. Así solicitó que “se dé intervención al Programa de Promoción Asistencia y Protección del Niño, Adolescencia, Familia y Adulto Mayor, y también a la Comisión de Derechos Humanos”.

El ministro de Seguridad, Luciano Anastasi se refirió al caso y respondió sobre la posibilidad de que los imputados sean trasladados a un centro correccional fuera de la provincia. “Le hemos pedido a la Justicia que evalúe esta posibilidad”, dijo ayer en un contacto con los periodistas. Más allá de eso no se conoce oficialmente que el Gobierno actúe como querellante en la causa para hacer un pedido de este tipo.

“No tenemos novedades. Si existiera alguna modificación se deberán evaluar los motivos y las razones, siempre entendiendo que son menores y que hay un plus de derechos y garantías a tener en cuenta”, dijo Agúndez en declaraciones a la periodista de Radio Universidad, Cristina Sosa.

Anastasi dijo que la provincia “no cuenta con una problemática de menores en conflicto con la ley penal en términos estadísticos”, y de esa manera fundamentó por qué no hay instituciones como estas en la provincia.

“Tuvimos un caso lamentable hace dos años de un menor que asesinó a un jubilado en un barrio, y este menor por convenio estuvo alojado en un instituto de Córdoba hasta que cumpliera los 18 años. En este momento se encuentra alojado en la penitenciaría”, trajo a colación.

Consideró que “para abrir este tipo de instituciones necesitamos tener una necesidad que requiera conformar un grupo de profesionales, una estructura edilicia, que no es la situación que tiene San Luis”. Para estos casos dijo que se realizan convenios con otras provincias “que tienen mucha experiencia”.

El tercer menor tiene 14 años. A este, la Justicia le prohibió “el consumo de cualquier bebida alcohólica y/o estupefacientes por el lapso de 4 meses”. Además se pidió que se oficie al Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPAA) del Hospital de Salud Mental para analizar si necesita llevar adelante un tratamiento.


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