Caso Ariel Rosendo: Rechazaron la prisión domiciliaria y elevaron la causa a juicio oral

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Está acusado del delito de robo doblemente calificado por efracción o fractura y por ser en poblado y en banda, desobediencia a una orden judicial y violación de las medidas anti epidémicas en concurso ideal. La decisión fue tomada por la doctora Mirta Ucelay, titular del Juzgado de Instrucción N° 3  de la Segunda Circunscripción Judicial. El hecho ocurrió el 18 de mayo del 2020, durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, cuando el senador habría ingresado al domicilio de su ex esposa rompiendo las puertas de ingreso y sustrayendo ilegítimamente una serie de bienes muebles cuya propiedad pertenecía al sindicato SMATA.

La Cámara Penal N° 2, integrada por los doctores María Silvia del Castillo de Insúa, Aníbal Astudillo y Daniela Estrada, deberá, previo a fijar fecha para iniciar el debate oral en la causa. La acusación fue efectuada por la titular de la Fiscalía N° 2, Daniela Torres. La magistrada de primera instancia solicitó se condene a Rosendo a sufrir la pena de 10 años de prisión considerando como atenuantes la falta de antecedentes penales de Rosendo y como agravantes, entre otros, su cargo como senador que, desde su punto de vista “denota un deber”.

Respecto a la prisión domiciliaria, mediante una resolución firmada el pasado 23 de agosto, la jueza, rechazó el pedido efectuado por la defensa de Ariel Omar Rosendo. También ordenó notificar al Servicio Penitenciario Provincial a fin de que arbitren las medidas necesarias para el debido control y cuidado de la salud física y psíquica del imputado.

Al resolver, la jueza estimó que “frente a la gravedad de los episodios imputados al causante y la posibilidad concreta de que se pueda influenciar a las víctimas y testigos, cuyo testimonio en juicio resulta relevante (…), la defensa no aportó garantías suficientes de forma tal de poder suponer que no los amedrentara”.

En ese mismo sentido, afirmó que el Estado “tiene la obligación de preservar la integridad física y psíquica de las víctimas de acuerdo a lo previsto en la ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos (ley 27.372)”.

Fuente: www.periodicojudicial.gov.ar

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